El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha ordenado a la Dirección General de la Policía un informe sobre las actividades del comisario José Manuel Villarejo, quien al parecer podría participar en negocios millonarios, según publica hoy el diario El País.
De todos modos, el ministro ha señalado que no duda de que esas actividades se ajustaran en su momento al régimen de incompatibilidades y ha dicho que «cuando se autorizaron es porque cumplían los requisitos y fueron acreditados por los órganos muy solventes que existen en la Dirección General de la Policía».
Aún así, ha ordenado ese informe después de que El País haya publicado que el comisario Villarejo, que coordinó las investigaciones sobre el ático del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, participa en sociedades privadas con un capital total de más de 16 millones de euros.
«En principio no dudo hasta que se demuestre lo contrario, de que cuando fueron autorizadas esas actividades los responsables policiales consideraron que esa compatibilidad y legalidad se daba», ha enfatizado.
Fernández Díaz ha señalado que algunas de esas empresas mencionadas en la información se crearon hace veinte años y que «algunas están en extinción y otras liquidadas».
No obstante, ha dejado claro que no es el ministro del Interior quien debe conocer cuál es el patrimonio de los funcionarios de la Policía y si cuentan o no con empresas.
Para eso, ha añadido, la Dirección General de la Policía, como otras instituciones del Estado, dispone de un régimen de compatibilidad e incompatibilidades y de unidades y órganos que velan para que estas normativas se cumplan.
Respecto a las causas judiciales abiertas en torno a las supuestas irregularidades del ático del presidente madrileño y la investigación policial presuntamente ilegal sobre el mismo, el titular de Interior ha reiterado que es el juzgado de instrucción número 47 de Madrid quien instruye esa actuación policial que se realizó en la anterior legislatura del PSOE.
Lo que ha hecho este Gobierno, ha explicado, fue abrir una investigación interna sobre la actuación policial supuesta ilegal que finalizó con sanciones y relevos.
Posteriormente, el juzgado madrileño pidió hace dos años mediante un auto que la Dirección General de la Policía le remitiera un expediente en que se contenía toda la información disponible sobre esa investigación y que sigue en el juzgado.
«Me remito a lo que determine la autoridad judicial», ha concluido.