La Fiscalía Anticorrupción considera que debe ser el Tribunal Superior de Justicia valenciano el que conozca la querella presentada contra el expresident de la Generalitat Francisco Camps, aforado como diputado autonómico, por la gestión de la Fórmula Uno en Valencia al existir «sólidos indicios delictivos».
La delegación valenciana de la Fiscalía ha remitido un escrito a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV donde concluye que «de los hechos concretos relatados, apoyados en las diligencias practicadas, se desprenden indicios concretos de la posible existencia de hechos delictivos que pueden imputarse» a Camps.
Para la Fiscalía «se cumplen los requisitos fácticos y normativos de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos».
El escrito cita jurisprudencia, entre ella un auto del Tribunal Supremo relacionado con el asunto de los ERE en Andalucía, para advertir de que se cumplen los requisitos previstos.
«Las sentencias señaladas en la jurisprudencia analizada son sentencias condenatorias y lo que se exige en este momento procesal son indicios de hechos delictivos cometidos por persona aforada ante este Tribunal», agrega.
El pasado 19 de diciembre, la Fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada remitió al TSJCV el texto de su querella contra el expresident, al que sitúa como responsable, negociador y avalista del supuesto desvío de fondos públicos de forma continuada a la empresa Valmor, relacionada con la organización de la Fórmula Uno en Valencia.
El fiscal entiende que los hechos investigados pueden ser constitutivos de un delito continuado de malversación, prevaricación y delito societario, del cual resultan responsables Camps, la exconsellera Dolores Johnson y el empresario y expiloto Jorge Martínez Aspar.
En su querella considera a Camps al frente de las negociaciones con el magnate de la Fórmula Uno, Bernie Ecclestone, y como responsable de haber «rescatado» económicamente a Valmor hasta en tres ocasiones.
Ahora, en un nuevo escrito, el ministerio público detalla cuáles son los hechos delictivos atribuidos al expresident, como ideólogo del Gran Premio de Europa, responsable directo de las negociaciones con Ecclestone, al que indicó «con quién debía contratar», según declaró el magnate británico.
«La única persona de la Generalitat que negoció y decidió sobre este tema fue Francisco Camps», según el escrito de Fiscalía, y «existen indicios de que Camps concertó con Aspar» que, en realidad, quien organizaría la prueba sería la empresa pública Circuito del Motor.
El fiscal enumera asimismo los «rescates» públicos a la empresa de Aspar, Fernando Roig y Bancaja (Valmor) al no exigirle contraprestación económica por los servicios prestados por Circuito del Motor, haber abonado el canon al que no hizo frente Valmor y en tercer lugar haber avalado nuevamente a esta firma ante Ecclestone días antes de su dimisión en julio de 2011.
El ministerio público considera a Camps responsable de «ordenar al director de Proyectos Temáticos (empresa pública) firmar un contrato para dar forma a un rescate de una sociedad privada eludiendo los controles de la administración».
Por lo que respecta al último aval, el fiscal insiste en que el expresident sabía que quien debía firmarlo era el conseller de Hacienda y que «prescindió totalmente del procedimiento administrativo, saltándose de manera grosera el ordenamiento jurídico».
«Francisco Camps había concedido otros avales, por lo que sabía perfectamente qué trámites imperativos debía seguir para avalar a Valmor», añade.
Tras recibir la querella del ministerio público, el TSJCV pidió al Parlamento valenciano que acreditaran la condición de diputado de Camps (y por tanto aforado).