El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha rechazado hoy las acusaciones de los partidos de la oposición que han pedido su comparecencia en el Congreso por las presiones que, a su juicio, ha recibido el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que hoy presentado su dimisión.
Rajoy ha expresado su respeto a la decisión del fiscal de abandonar el cargo «por razones exclusivamente personales» y ha dicho que no va a perder «ni un minuto» en responder a las interpretaciones de la dimisión que hacen partidos como el PSOE.
«Pase lo que pase y suceda lo que suceda, la posición del PSOE es siempre la misma: la culpa es del Gobierno», ha ironizado el presidente del Gobierno, que ha aprovechado para agradecer el trabajo y el «acierto» de Torres-Dulce en su gestión.
También ha negado presiones el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que ha desvinculado «absolutamente» la renuncia del fiscal de la querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, al tiempo que ha defendido la actuación «autónoma» y «sin injerencias» de la institución.
Por contra, todos los partidos de la oposición se han mostrado convencidos de que la renuncia de Torres-Dulce se debe a desavenencias con el Gobierno, en particular por diferencias de criterio a la hora de abordar la consulta soberanista en Cataluña.
El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha culpado directamente a Rajoy de «presionar» al fiscal y de «forzar la dimisión», por lo que su partido ha pedido oficialmente la comparecencia urgente del presidente del Gobierno ante el pleno del Congreso para dar cuenta de su «responsabilidad» en esta marcha.
«El fiscal ha dimitido porque el Gobierno lo ha presionado, defendiendo su independencia. Es absolutamente inaceptable la actitud de Rajoy con las instituciones», ha denunciado.
Según Hernando, a Rajoy «no le basta» con tener mayoría absoluta en las Cortes Generales, «quiere colonizar y controlar todas las instituciones, el Congreso, el Senado, el Defensor del Pueblo y ahora también la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial».
Críticas al Gobierno que también han llegado desde el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, que está convencido de que la dimisión del fiscal general del Estado es fruto de las «desavenencias» con el Gobierno sobre la consulta alternativa del 9 de noviembre en Cataluña.
Duran ha considerado la marcha del fiscal como una «decisión grave» por la que el Gobierno debería dar explicaciones «al máximo nivel».
También la líder de UPyD, Rosa Díez, ha pedido la comparecencia de Rajoy ante el Congreso después de que Torres-Dulce denunciara, según la portavoz, «injerencias y falta de medios» en la Justicia.
No obstante, Díez ha reprochado al fiscal que haya tenido «falta de valor» en algunas cuestiones y que haya llegado «tarde» muchas veces de manera injustificada.
Para el diputado de la Izquierda Plural Gaspar Llamazares, la dimisión del fiscal general del Estado tiene que ver con las presiones del PP y del Gobierno para garantizar la «impunidad» de sus cargos afectados por la corrupción, aunque ha asegurado que se ha plegado casi siempre a los deseos del PP.
Los «encontronazos» entre Torres-Dulce y el PP a cuenta de la corrupción, cree Llamazares, han sido el detonante de esta decisión, que va en la línea de las «dificultades» que tienen los jueces «valientes», como Pablo Ruz y para quienes promueven la acción pública.
«¡Jueces y fiscales, apartad vuestras manos del PP!», ha exclamado Llamazares para referirse a lo que él piensa que es la consigna del partido del Gobierno.
Según el diputado de ERC Joan Tardá, al fiscal «no le perdonan» que no hiciera el trabajo «sucio» de parar la consulta soberanista en Cataluña, pero ha advertido de que ni el fiscal que sustituya a Torres-Dulce ni tampoco el presidente, Mariano Rajoy, podrán parar la voluntad del pueblo catalán.
Joan Coscubiela, de ICV, ha señalado que al PP le molesta la democracia y ha advertido de que o bien la ciudadanía, con su voto, acaba con el PP «o el PP acaba con la democracia».
Desde Amaiur, Iker Urbina ha dicho que Torres-Dulce es el «primer damnificado» por el debate soberanista y se ve que el Gobierno está dispuesto a hacer «cualquier cosa» para conseguir sus objetivos como presionar al Tribunal Supremo y al fiscal general del Estado.
Por contra, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha expresado su respeto a la decisión del Torres-Dulce de abandonar la Fiscalía General del Estado, una institución -ha dicho- «compleja y complicada», en la que ha realizado su trabajo con «eficacia y talento conciliador».
Hernando ha subrayado que, por lo que sabe, la dimisión de Torres-Dulce responde a razones personales y no a ningún tipo de injerencia ni presiones, como han denunciado los grupos de la oposición.
Según ha dicho, no tiene constancia de que en su actual puesto «estuviera mal», pero sí ha hecho hincapié en que la Fiscalía General del Estado es una «institución compleja», «sometida a muchas presiones y valoraciones».