El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado que, entre otras medidas para combatir la corrupción, en la prevista reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se fijará un plazo máximo de instrucción en los macroprocesos, y se garantizará la devolución de los bienes por parte del delincuente.
En el pleno del Congreso que debate los proyectos con medidas anticorrupción del Gobierno, Rajoy ha insistido en que «la sociedad merece, no sólo ver cómo se castiga a los corruptos, sino también la inmediata reparación del daño económico que sus actividades produce».
«De lo que se trata, en suma, es que deje de ser noticia esa eternidad que supone el enjuiciamiento de determinados delitos económicos complejos, o la imposibilidad de localizar y despojar al condenado de los bienes con los que ilícitamente se ha enriquecido. Es preferible juzgar con rapidez, recuperarlo todo y reparar el daño», ha dicho.
Así, Rajoy ha expresado el deseo del Gobierno de lograr «la rápida recuperación de todos los bienes que el delincuente esté obligado a devolver», al tiempo que se da mayor agilidad a las macrocausas abiertas por delitos de corrupción.
El objetivo, ha defendido, es que «la instrucción de los asuntos muy complejos pueda seguir su curso sin necesidad de una concatenación de piezas».
Con ello se evitará que procesos de gran repercusión social permanezcan abiertos durante años, ha dicho el presidente, y se permitirá que los imputados puedan comparecer ante un tribunal y establecer, en su caso, las responsabilidades penales a que haya lugar en un plazo razonable.
Asimismo, ha anunciado un mayor esfuerzo «en los medios y recursos» destinados a la lucha contra la corrupción.
Se contempla la convocatoria de 100 nuevas plazas de jueces y fiscales en los presupuestos generales de 2015 y este próximo viernes el Consejo de Ministros aprobará la dotación de recursos para impulsar las nuevas tecnologías en el ámbito judicial.
Lucha
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy que «España no está corrompida, tiene algunos corruptos, que están saliendo a la luz, y el resto está sano», y ha rechazado así la existencia de una corrupción generalizada en el país.
En el pleno que debate los proyectos de ley con medidas anticorrupción, Rajoy ha recalcado que no hay que luchar contra «fantasmas», sino contra realidades y hechos objetivos, y que la corrupción generalizada no existe porque «ni España ni los españoles ni sus empresas y trabajadores están contaminados».
«Si no pensara así no estaría aquí», porque parecería que «la corrupción sería invencible», ha argumentado el jefe del Ejecutivo, quien ha añadido que no está dispuesto a aceptar que la sospecha de corrupción recaiga sobre todos los políticos porque sería una «gravísima injusticia» y un error.
Elecciones dirigentes
Rajoy ha anunciado que se obligará a todos los partidos a garantizar que sus militantes participen en la elección de sus órganos de dirección y, en caso de no hacerlo, esa fuerza política será extinguida.
El jefe del Ejecutivo ha adelantado que va a proponer que los estatutos de los partidos incluyan necesariamente un plazo máximo de cuatro años para la renovación de sus órganos de dirección, coincidiendo con el ciclo electoral natural.
Será en ese proceso, que ha precisado que cada uno organizará como crea conveniente, en el que deberán asegurar que puedan tomar parte todos los militantes mediante congresos, asambleas u otras formas de participación siempre que sean democráticas.
Además, los estatutos de los partidos recogerán garantías concretas para todos los afiliados, especificando el órgano que ejercerá como defensor de sus derechos y el procedimiento de reclamación respecto a los acuerdos adoptados por el partido
Rajoy ha señalado igualmente que en los respectivos estatutos se deberá incluir el procedimiento de expulsión para aquellos de sus miembros que haya sido condenados por la comisión de cualquier delito doloso.
También la suspensión automática de militancia en caso de que se les abra juicio oral por delitos relacionados con la corrupción que comporten pena de inhabilitación.
Respecto a la financiación de los partidos, ha avanzado que los particulares no podrán hacer donaciones por encima de 50.000 euros y que toda donación superior a 25.000 euros se deberá notificar al Tribunal de Cuentas y publicarse en la página web de la formación política con identificación del donante.
El presidente del Gobierno ha explicado que si en un plazo determinado los partidos incumplen las nuevas obligaciones legales, podrán ser extinguidos.