El ministro español de Interior, Jorge Fernández Díaz, consideró este martes que la votación prevista para el 9N en Catalunya es «una Diada con urnas» dirigida a los independentistas, con la que no se cumple «ningún requisito democráticamente exigible».
Esa consulta, según señaló a la prensa española en Mónaco, donde participaba en la 83 Asamblea General de Interpol, es «una Diada con urnas en la que los independentistas se manifiestan» para «contarse a sí mismos».
«Démosle a eso la importancia que tiene, pero sabiendo que democráticamente es absolutamente impresentable», apuntó Fernández Díaz.
Cargó en particular contra el censo que se pretende utilizar, ya que «se llega hasta el escarnio de que si es un catalán (...) residente en el resto de España, no puede votar», cuando sí lo puede hacer cualquier extranjero mayor de 16 años que el domingo acredite estar residiendo en Catalunya.
«Es una absoluta vergüenza» -remachó- y «cualquier parecido de lo que se pretende hacer (...) con una consulta democrática, con un proceso electoral o con un referéndum democrático es mera coincidencia».
El Tribunal Constitucional suspendió este martes cautelarmente la consulta soberanista, tras admitir a trámite el recurso presentado por el Ejecutivo español contra esta convocatoria.
Fernández Díaz, que se pronunció antes de que se conociera la resolución de la corte, justificó ese recurso porque a su parecer «no se está respetando plenamente» el dictamen que suspendía la ley catalana de consultas y el decreto de aplicación.
Preguntado sobre si su departamento ha previsto algún dispositivo para el caso de que la Generalitat siga adelante con su proyecto, sostuvo que «España es un Estado democrático y de derecho donde todos los ciudadanos estamos obligados a cumplir la ley, y de manera muy especial los que tenemos responsabilidades públicas».
Asimismo, estimó que debe «tener la convicción de que las autoridades de la Generalitat acatarán» la decisión, que afecta no solo a la convocatoria en sí, sino también a todos los actos organizados por el Gobierno catalán relativos al proceso de participación ciudadana previsto para el 9 de noviembre alternativo.