El exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid Francisco Granados ha negado ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco el cobro de comisiones ilegales a cambio de haber mediado en la adjudicación de contratos públicos y ha asegurado que la cuenta de Suiza que se le atribuye es en realidad del empresario y presunto 'conseguidor' de la trama de corrupción desarticulada de la 'operación Púnica', David Marjaliza, según fuentes de la defensa.
Granados, que ha declarado como imputado durante dos horas y media cinco días después de su detención, ha explicado que abrió una cuenta en Suiza en 1996 porque su agente se cambió de banco pero en el año 2000, un año después de su elección como alcalde de Valdemoro, la cedió a Marjaliza y recuperó los 320.000 euros que tenía en este depósito.
Según su versión, el banco no le dejó cerrar la cuenta y le pidió que llevara a otro titular, para lo que eligió a Marjaliza, de quien es amigo desde el colegio.
MARJALIZA SE ACOGIO A LA AMNISTÍA FISCAL
El exdirigente 'popular' también ha negado haber realizado negocios u operaciones comerciales con Marjaliza, y ha señalado que la transferencia de 1,6 millones que la Fiscalía de Laussanne (Suiza) detectó en 2013 y que motivó la apertura de la investigación por parte de Anticorrupción es en realidad un traspaso que el empresario habría realizado entre dos de sus cuentas. En los últimos meses, además, Marjaliza se habría acogido a la amnistía fiscal para regularizar estos fondos.
La defensa de Granados, que dirige el abogado y exfiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina, ha destacado tras el interrogatorio la debilidad de los indicios probatorios que existen contra su cliente en relación con la documentación que se le ha exhibido y los pinchazos telefónicos a los que fue sometido.
También ha negado haber mediado para favorecer a la empresa Waiter Music, que dirigía el empresario José Luis Huerta, y ha dicho que la única relación que tuvo con él es que le contrató para celebrar la comunión de uno de sus hijos, según fuentes de su defensa.
EL CHALÉ DE VALDEMORO
Granados también ha negado que firmara un contrato de compra-venta con la constructora Dico, que operaba en Valdemoro, para adquirir un chalé con un precio superior a los 300.000 euros. Según fuentes de su defensa, al dirigente 'popular' le ofrecieron el inmueble aunque lo rechazó por entender que no le convenía adquirir una vivienda tan lujosa en el municipio.
La vinculación del exdirigente 'popular' con este inmueble fue desvelada por el director financiero de Dico, David Merino, en 2008 en una declaración realizada ante un notario de Madrid en la que sugería que el inmueble nunca fue pagado por el exalcalde. El empresario aseguró que no sabía si Granados vivía en él o se lo vendió posteriormente a Dico, «o si al final cuando se escrituró, lo escrituró a un familiar suyo, probablemente una hermana».
ACUDIRÁ AL CONSTITUCIONAL
La representación legal de Granados también tiene previsto acudir al Tribunal Constitucional por la decisión del juez Eloy Velasco de prorrogar el periodo de detención de 72 horas a través de un mandamiento judicial que dictó el pasado miércoles y por el cual tanto el exsecretario general del PP como Marjaliza solicitaron el 'habeas corpus' y su inmediata puesta en libertad. «Se ha aplicado la legislación antitetorrista (que amplía el detención a cinco días) a comunes», han señalado estas fuentes.
A pesar de las explicaciones de Granados, las fiscales Anticorrupción Carmen García y María Teresa Gálvez han pedido el ingreso en prisión incondicional de Granados por su participación en la trama de corrupción investigada, informaron fuentes jurídicas.
Según el juez, las «redes clientelares de tráfico de influencias» de la organización de la que formaba parte Granados se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia.
Las resoluciones judiciales dictadas por el magistrado apuntan que las «autoridades municipales» detenidas «se han plegado a los intereses de los investigados hasta el punto de incurrir en facturación falsa, falsear informes técnicos que reflejarían actuaciones que en realidad no se han realizado o adjudicar trabajos sin contratos previos».