El Tribunal Constitucional (TC) ha informado a la Generalitat de Cataluña, el Parlament y el fiscal de que el Gobierno central, a través del Abogado del Estado, ha impugnado el nombramiento de una junta electoral para la convocatoria soberanista del 9N llamada Comité de Consultas.
Generalitat, Parlament y fiscal, es decir, las partes a las que se ha notificado la admisión del incidente de ejecución planteado por el ejecutivo popular, deberán ahora hacer sus alegaciones en defensa de sus posiciones respectivas.
El pasado día 6 de octubre el Abogado del Estado impugnó ante el Constitucional el decreto de nombramiento de los miembros de la comisión de control de consultas catalana (junta electoral), firmado el 2 de octubre por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, en relación con la convocatoria soberanista del 9N.
El conflicto se plantea en torno a si los nombramientos realizados por Mas suponen un desarrollo de la Ley de Consultas, suspendida cautelarmente por el TC junto al decreto de convocatoria del referendo soberanista.
Los magistrados del tribunal de garantías deberán ahora conocer el escrito y, después de escuchar a las partes, resolver sobre el asunto en reunión del pleno. El próximo pleno del TC está previsto para dentro de dos semanas.