El 38,7 % de los jóvenes de entre 15 y 24 años justifican que se aplique la pena de muerte a personas que cometan delitos «muy graves» y otro 17,8 % está de acuerdo, aunque con matices, según el informe «Jóvenes y Valores Sociales» del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud.
La consideración de la pena de muerte como medida adecuada para esos casos ha ganado valoración entre los jóvenes en comparación con un estudio similar de 2006, ya que entonces obtenía una puntuación de 4,18 y ahora es de 5,05, donde 1 significa rechazarla totalmente y 10 aceptarla sin reparos.
Entre otros datos, basados en el resultado de un millar de encuestas, el 66,4 % defiende la libertad «total» para abortar y otro 14,9 % se muestra partidario en menor grado.
Seis de cada diez defienden ampliamente la eutanasia, pero el 66,5 % rechaza claramente el suicidio; y el 66,1 % ve bien la adopción de hijos por homosexuales.
Poca confianza
Aparte, más de la mitad (56,8 %) confía poco en el sistema parlamentario, que obtiene una puntuación de 3,91, algo más que los partidos (3,07).
«Es claramente crítica la confianza de los jóvenes en las instituciones. El sistema de justicia, los sindicatos, la patronal, el Parlamento, el sistema financiero, las instituciones religiosas y los partidos políticos suscitan escasa confianza», constatan las conclusiones.
No obstante, una mayoría amplia de los encuestados (70 %) está de acuerdo con que haya «gobiernos fuertes que garanticen orden y autoridad» y el 86 % valora vivir en entornos «completamente seguros», según explicó en la presentación el director técnico de (FAD), Eusebio Megías.
Lo más valorado
Lo más valorado son el sistema educativo (6,22 puntos), ONG (6,17) y formas y medios de información en internet (6,05).
El 27 % cree que los inmigrantes hacen del país un lugar peor y más inseguro. El 5,5 % entiende que se contrate a los extranjeros en peores condiciones laborales por su procedencia.
Sobre este punto, el director general de FAD, Ignacio Calderón, cree que la crisis trae una sensación de inseguridad personal mayor, lo que tiene «efectos defensivos» y la búsqueda de «orden».
Las respuestas señalan que el 12 % acepta maltratar a un detenido para conseguir información y un 13,9 % se lo plantea.