La jueza Mercedes Alaya, a quien ha correspondido una de las nuevas causas por las ayudas a cursos de formación en Andalucía, ha citado a declarar como imputado al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, en un auto en el que acusa a la Junta de conceder 950 millones de euros sin justificar.
Antonio Fernández, que fue consejero entre 2004 y 2010, ha acudido a recoger el auto en el que es citado a declarar el próximo 16 de octubre en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla por cinco tipos de irregularidades en las ayudas y becas concedidas a la empresa gaditana Delphi.
Los ERE
El exconsejero, que ya está imputado en la causa de los ERE y permaneció en prisión cuatro meses, ha sido acusado en esta ocasión de presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. En su auto la jueza reconoce que estas actuaciones «se encuentran en su estado inicial de investigación», pero a la vista del informe remitido por la dirección general de Inspección de Trabajo «existen claros indicios de la comisión de hechos delictivos por Antonio Fernández».
Entre otros, le imputa haber concedido, con ausencia de procedimiento, diferentes subvenciones a la formación y contratación a la multinacional Delphi «sin convocatoria ni base reguladora».