El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró ayer que el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana que el Gobierno ha remitido a las Cortes no modifica la legislación actual sobre el derecho de reunión y manifestación y rebaja de grave a leve las que se desarrollen sin haber sido comunicadas ante el Congreso, el Senado o los parlamentos autonómicos, «pero si además de no ser comunicadas se perturba gravemente el orden público se considerará una infracción grave».
El proyecto «no trata de sancionar más, sino con mayores garantías y menor discrecionalidad que hastan el presente», destacó Fernández Díaz ayer tras el Consejo de Ministros al aportar explicaciones sobre el proyecto, dividido en cinco capítulos, el último de ellos dedicado al régimen sancionador de infracciones muy graves –se tipifican cuatro respecto a las 21 previstas en el primer borrador de Interior–, y graves (26 frente a las 31 iniciales).
Respecto al régimen sancionador, las infracciones muy graves estarán multadas con cantidades entre 30.000 y 600.000 euros; las graves, con entre 1.000 y 30.000 euros, y las leves, con multas de 100 a 1.000 euros, las mismas cantidades hasta ahora vigentes.
Precisamente, otra de las novedades respecto al primer borrador que estudió en su día el Gobierno, es la división de las sanciones muy graves y graves en sus grados máximo, medio y mínimo.
Como norma general, según explicó Fernández, se impondrá la multa en el grado más leve, en el medio cuando concurra al menos una circunstancia agravante como puede ser la reincidencia, y en grado máximo únicamente cuando los hechos revistan especial gravedad.
Reincidencia
Además, dentro de cada grado se individualizará la sanción con criterios recogidos en la ley, entre los cuales figurará la capacidad económica del infractor.
Fernández Díaz ha insistido en que el objetivo es garantizar la seguridad ciudadana «sin menoscabo alguno» a los derechos fundamentales y libertades públicas que la Constitución reconoce a los ciudadanos».
Para llegar a esta propuesta Fernández aclaró que se ha servido «de informes de la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y aportaciones de Greenpeace, Amnistía Internacional e Intermón Oxfam», con quienes el ministro ha reconocido «importantes discrepancias» pero a las que ha agradecido su colaboración.