El nuevo presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, ha abogado hoy por que se otorgue a este órgano la competencia para conocer de los casos de corrupción en los que haya un grave daño a la Hacienda Pública o haya más de dos personajes con relevancia pública implicados.
Aunque Navarro no ha hecho mención expresa a casos concretos, esto supondría que la Audiencia Nacional sería la competente para instruir asuntos como el caso Nóos, que investiga el juez de Palma de Mallorca José Castro, o el de los ERE en Andalucía, en manos de la juez de Sevilla Mercedes Alaya.
Según ha anunciado en un desayuno con periodistas, otro de sus objetivos será tratar de paliar el déficit de órganos periciales de apoyo para perseguir la corrupción, ya que ha detectado cierta dificultad de encontrar peritos en materia contable.
Por ello pretende conseguir que se facilite cuanto antes un convenio con las administraciones públicas para peritajes contables y auditoría de empresas.
Entre las reformas que tiene previsto acometer en la Audiencia Nacional, su nuevo presidente tiene en mente la creación de una Sala de lo Civil que dé una resolución a los problemas «rápida, eficaz y transparente».
A su juicio, esta nueva instancia que completaría las ya existentes de lo penal, social y contencioso-administrativo, «puede tener encaje en la Audiencia Nacional para funciones muy diversas» como temas de carácter internacional, acciones colectivas de asociaciones de consumidores o asuntos del ámbito civil-mercantil como concursos de empresas.
En cuanto a la reforma de la Ley del Poder Judicial que contempla ampliar de uno a tres los jueces encargados de realizar la instrucción de los sumarios en la Audiencia Nacional, Navarro ha reconocido que la instrucción colegiada es complicada.
A su juicio, la mejor manera de que ese mecanismo funcione es si se crea el juez de garantías en el caso de que finalmente se ceda el peso de la instrucción a la Fiscalía. «En ese caso es perfectamente entendible», ha dicho.
No obstante, ha insistido en que en la actualidad parece difícil, ya que puede parecer complicado que cada resolución se deba adoptar por tres magistrados.
Otro de los objetivos que se ha propuesto para su mandato, es promover la rápida conclusión de la digitalización íntegra de los asuntos en la Audiencia Nacional para conseguir que desaparezca absolutamente el papel, así como la instalación definitiva de la oficina judicial.