El grupo parlamentario popular ha presentado hoy en el registro del Congreso dos enmiendas a un proyecto de ley en trámite que contempla una reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), en la que incluye el aforamiento de Juan Carlos I y la Reina Sofía.
Con estas enmiendas, según ha explicado en el Congreso el portavoz del grupo popular, Alfonso Alonso, se establece un fuero especial para el Rey Juan Carlos una vez que perdió la inviolabilidad tras su abdicación, de tal manera que sólo podrá ser juzgado en el Tribunal Supremo.
Alonso ha recordado que ese anteproyecto ya cuenta con informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que recomendó que el aforamiento del Rey Juan Carlos se resolviera cuanto antes, dada la importancia y trascendencia pública de su figura, por lo que el PP ha decidido anticiparlo y hacerlo efectivo en esta otra reforma, que ya estaba en fase de enmiendas en la Cámara Baja.
El portavoz del PP ha insistido en que el anteproyecto de la LOPJ podría tardar todavía meses en llegar a la Cámara, por lo que la ley que ya se estaba tramitando les ha brindado la oportunidad de anticipar lo que ya estaba previsto.
Se trata, en concreto, del proyecto de ley orgánica complementaria de la ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa por las que se modifica la LOPJ, que regula el régimen laboral y de permisos de jueces y fiscales, y cuyo plazo para presentación de enmiendas concluye hoy.
Enmiendas
Las enmiendas del PP, a las que se han sumado UPN y Foro Asturias, concretan el estatus jurídico en el que queda el Rey Juan Carlos una vez que perdió la inviolabilidad tras su abdicación, de tal modo que sólo podrá ser juzgado en el Tribunal Supremo, al igual que la Reina Sofía, la Reina Letizia y la Princesa de Asturias.
Alonso ha expresado su deseo de que esta medida tenga un respaldo amplio en el Congreso y, aunque de momento el PSOE no ha unido su firma a las enmiendas de los populares, espera que los socialistas entiendan el «alcance» de la decisión y le den su apoyo.
En el momento en el que está reforma esté en vigor, lo que podría ocurrir antes de las vacaciones de verano ya que la tramitación parlamentaria será rápida, cualquier asunto civil y penal que se dirijan contra el Rey Juan Carlos y la Reina tendrán que ser tramitados en las salas de lo civil y penal del Supremo.
De momento, el próximo lunes ya está previsto que se reúna la ponencia que estudia este proyecto en el Congreso y convocará la reunión de la Comisión de Justicia, que debe aprobar el dictamen.
Posteriormente, se remitirá al pleno, donde al tener carácter orgánico necesita de mayoría absoluta para su aprobación, tras lo que el texto se trasladará al Senado para su visto bueno definitivo.
Alonso ha subrayado que la responsabilidad de resolver esta cuestión le corresponde al PP, que ha considerado que ahora era el momento, tras la abdicación del Rey Juan Carlos y la proclamación de Felipe VI.