Ocho años después de la intervención de Fórum y Afinsa, medio millón de afectados que perdieron sus ahorros en el fraude filatélico, que sumó un agujero de 5.000 millones de euros, aguardan aún la resolución de las dos causas abiertas en la Audiencia Nacional, que acumulan un total de 38 imputados.
Pese a que el tribunal creó una oficina de afectados en la que once funcionarios trabajan en exclusiva para tramitar las miles de denuncias presentadas, las arduas instrucciones de la estafa de los sellos no han visto su fin, si bien, ahora parece que sí están cerrando los últimos flecos tras alcanzar 2.738 tomos y dos millones de folios.
Así, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz, ya ha procesado a 14 responsables de Afinsa por desarrollar una operativa piramidal de negocio conscientes de que era «ruinoso e inviable», que ocultaron mediante artificios contables y con el que ocasionaron un perjuicio de 1.928 millones.
Les atribuye los delitos de estafa cualificada, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública por mantener un negocio cuya «inconsistencia e inviabilidad está fuera de toda duda».
Según el informe definitivo de situación patrimonial, Afinsa tenía unas deudas de 2.443,75 millones de euros, frente a unos activos valorados en 812,64 millones.
La estafa, según cálculos de Pedraz, afectó a 190.022 pequeños ahorradores, que invirtieron en sellos, generalmente a partir de 300 euros (366 dólares), con la promesa de que se revalorizarían al menos un 6 % por ciento anual.
Fuentes jurídicas han informado que el magistrado está únicamente pendiente de la llegada de una comisión rogatoria que cursó a Estados Unidos para elevar la causa a la sala que será la responsable de celebrar el juicio contra los exgestores de la sociedad.
Entre los procesados figuran el expresidente Juan Antonio Cano y los ejecutivos y miembros del consejo de administración Albertino y Carlos de Figueiredo, Vicente Martín o Emilio Ballester, entre otros, y el socio auditor de Gestynsa Francisco Blázquez.
Desde el Juzgado Central de Instrucción número 5, su compañero Pablo Ruz ya ha recibido la última ampliación de la extensa pericial que ordenó practicar, tras lo cual solo le queda dictar el procesamiento de los imputados, entre ellos, el presunto cerebro de la trama, Carlos Llorca, que se encuentra huido de la Justicia.