El PSOE e IU han dado este sábado por zanjada la crisis del gobierno de coalición en Andalucía, provocada por el realojo de los okupas de la corrala Utopía de Sevilla, después de un acuerdo alcanzado de madrugada que propició la devolución de las competencias sobre viviendas sociales a la Consejería de Fomento.
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publica hoy un número extraordinario con un decreto de la presidenta andaluza, Susana Díaz, que deroga otro publicado ayer en el que retiraba a la Consejería de Fomento y Vivienda, que dirige IU, las competencias sobre adjudicación de viviendas protegidas de titularidad pública.
Este nuevo decreto es la consecuencia del acuerdo de esta madrugada, tras dos días de intensas negociaciones entre representantes del PSOE e IU, alcanzado horas después de que Izquierda Unida anunciara en la tarde de ayer la «suspensión momentánea» del acuerdo de Gobierno.
Las ocho familias que el miércoles habían sido realojadas en viviendas públicas por la Consejería permanecerán en ellas provisionalmente, hasta que los servicios sociales acrediten que están en riesgo de exclusión social.
Queda suspendido el realojamiento de otras nueve familias que Fomento pretendía que se hiciera en viviendas de alquiler privado hasta que se estudien sus circunstancias y los servicios sociales comunitarios actualicen los informes correspondientes relativos al riesgo de exclusión social y a la necesidad habitacional de las mismas.
Dirigentes del PSOE e IU han insistido hoy en declaraciones públicas en que la crisis se ha solventado y en que ha vuelto la normalidad a la Junta, mientras el PP ha acusado a Susana Díaz de hacer el «ridículo» y de estar «secuestrada por un partido de radicales».
El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, ha ido incluso más allá y ha asegurado que el pacto con IU ha salido «fortalecido» y que se ha demostrado que en la comunidad existe igualdad de oportunidades para acceder a una vivienda social.
Los que le dan «una patada a una puerta» no tienen más facilidad para acceder a una vivienda, según Cornejo, que ha justificado que Susana Díaz haya derogado el decreto que retiraba a la Consejería de Fomento las competencias sobre viviendas sociales porque se ha cumplido la legalidad al anularse el realojo de nueve de las familias de la corrala Utopía.
«No ha habido ninguna ilegalidad, sino esclarecimiento y cumplimiento de la legalidad», ha asegurado el número dos del PSOE andaluz.
En Málaga, el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha afirmado que «la normalidad ha vuelto» al Gobierno andaluz y que al PP «le ha salido muy mal la jugada» para «derribar» el Ejecutivo.
Maíllo ha manifestado que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha restituido las competencias «que nunca tenían que haberse quitado» a la Consejería de Fomento, cuya actuación ha sido «legal como pocas» e «impecable», por lo que ha defendido la continuidad de la consejera, Elena Cortés.
El líder regional de IU ha culpado al PP de ser el «causante de todo esto» al haber ordenado la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, que «detenta el PP», el desalojo el pasado domingo de la corrala Utopía cuando estaba «a punto de resolverse» el conflicto entre el Ayuntamiento de Sevilla, la Junta e Ibercaja para encontrar una «solución transitoria».
Por su parte, la secretaria general del PP andaluz, María Dolores López Gabarro, ha dicho que Susana Díaz ha hecho el «ridículo» al retirar el decreto que devuelve a IU las competencias en viviendas sociales y le ha acusado del «descontrol y desgobierno» que hay en la comunidad.
En una rueda de prensa, Gabarro ha lamentado que la autonomía andaluza está «secuestrada por un partido de radicales», en referencia a IU, con el «beneplácito» de Díaz, a la que reprocha que ha cambiado de opinión con sus socios de Gobierno en Andalucía sólo para «mantenerse en el sillón» y que dio un «golpe encima de la mesa ficticio».
A nivel nacional, el secretario de Organización del PSOE, Óscar López, ha dicho en Segovia que la presidenta de la Junta «ha demostrado firmeza en defensa de la legalidad, sensibilidad social y la solidez del Gobierno andaluz» y el coordinador federal de IU, Cayo Lara, ha manifestado que la restitución de las competencias a la Consejería de Vivienda ha determinado que la actuación ha sido «legal, justa y verdadera».