La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró ayer que el Ejecutivo no se plantea acotar las manifestaciones en un espacio concreto para que no circulen por el centro de las ciudades y ha defendido la necesidad de buscar el equilibrio entre quienes se manifiestan y los que no, pero usando los mecanismos ya previstos actualmente a través de la Delegación de Gobierno, con competencias para modificar itinerarios.
Derechos
«Quiero señalar que el Gobierno no ha reclamado ninguna posición jurídica a los ministros de Justicia e Interior sobre este punto ni se está trabajando en este sentido», ha dicho la vicepresidenta al ser preguntada por esta propuesta, que ha recibido el sobrenombre de 'manifestódromo', en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
No obstante, ha hecho hincapié en varias ocasiones en la defensa de los derechos de quienes no se manifiestan. «Si que analizamos en cada manifestación en qué manera esos itinerarios perjudican lo menos posible al resto de ciudadanos.
Reconociendo el derecho de manifestación, la Delegación de Gobierno, en ocasiones avalada por los tribunales, ha tratado de reconciliar ambos conceptos y es en lo que estamos trabajando», ha explicado.
«Pediría a todas las fuerzas políticas que ahí no hagamos matices. Una cosa es manifestarse y otra aprovechar manifestaciones para atentar contra los derechos de todos los demás», ha zanjado.
Propuestas
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, avanzó este miércoles que solicitará una reunión formal con la Delegación de Gobierno para proponerle que se acuerden espacios en la ciudad en los que se podrían limitar las manifestaciones, como ocurre en París, con tres criterios: los ejes estratégicos de transporte, las áreas de afluencia turística y las zonas históricas.
Por su parte el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, consideró «muy atinada» esta propuesta poco después de ser formulada por la alcaldesa Botella.