El comité de expertos ha propuesto una reforma fiscal en dos fases, que en un primer momento implicaría bajar los impuestos directos (IRPF y sociedades), y que en una segunda etapa supondría recortar las cotizaciones sociales para impulsar el empleo, lo que se compensaría con un alza del IVA.
El presidente del comité, Manuel Lagares, ha explicado en rueda de prensa las conclusiones de un trabajo que aboga por rebajar desde 2015 el IRPF y simplificarlo a cuatro tramos con un tipo mínimo de en torno al 20% y un máximo del 50%, aunque con una aproximación progresiva al tipo medio máximo europeo del 45%.
En opinión de Lagares, que el Estado se quede con más del 50% de la renta de un trabajador, como en la actualidad, entra en el terreno de la «confiscación».
Asimismo, los sabios abogan por aumentar los mínimos personales exentos para favorecer a las familias con hijos o ascendientes a su cargo y a las personas con discapacidad.
Subida del mínimo exento de declaración
«Los mileuristas no deberían pagar impuestos», ha dicho Lagares para defender su propuesta de que se suba el mínimo exento de declaración, a la que ha sumado la eliminación del régimen de módulos por el que tributan los autónomos y un tratamiento más homogéneo para las ganancias y pérdidas patrimoniales.
Junto con la rebaja del IRPF, los expertos proponen bajar el impuesto de sociedades desde el 30% al 25% en un primer momento, y al 20 % posteriormente, sin hacer distinciones entre pequeñas y grandes empresas, al tiempo que se aumentarían las bases imponibles mediante la eliminación de exenciones, reducciones y bonificaciones.
Además, apuestan por la supresión del impuesto sobre el patrimonio y una mejor coordinación del impuesto sobre sucesiones en todo el territorio con un gravamen de entre el 4% y el 10% garantizando su progresividad a través de los mínimos exentos.
Bajada del IRPF compensada con una subida del IVA
Para financiar la rebaja de la imposición directa en 2015, el informe aboga por una revisión del IVA, que sin subir tipos permita pasar bienes y servicios al tipo general del 21%, manteniendo en el superreducido del 4 % los bienes de primera necesidad y en el reducido del 10% el turismo, el transporte y la vivienda «que no pasa por su mejor época».
Sobre la vivienda también han planteado que compute como renta en el IRPF, aunque el Gobierno ya ha dejado ver que no le gusta esta propuesta, y que se eliminen en un plazo de entre 5 y 10 años las deducciones por la compra de vivienda habitual que aún disfrutan quienes la compraron antes de 2013.
Esta es una apuesta transitoria, dado que para el futuro plantean que la vivienda sólo esté gravada a través del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) que deberá ser actualizado.
Además, piden incrementar progresivamente la imposición sobre el alcohol hasta alcanzar la media de la Unión Europea y consideran la posibilidad de establecer un impuesto a tipo muy reducido sobre el vino, como recientemente se ha hecho en Francia.
También proponen que se iguale el impuesto que grava las labores del tabaco al de los cigarrillos y en la denominada reforma fiscal verde piden diversificar el impuesto en un gravamen sobre la energía y otro sobre el dióxido de carbono.
Los expertos creen que deberían suprimirse las exenciones que tiene el impuesto sobre el carbón, aproximándose su estructura a la del impuesto sobre hidrocarburos.
Cotizaciones sociales
El segundo bloque de reformas propuesto por los sabios, en este caso sin fecha concreta de implantación, apuesta por una devaluación fiscal que permita crear empleo a través de la rebaja de entre tres y cuatro puntos de las cotizaciones sociales, que tendría que estar acompañada de una subida del tipo general del IVA de dos puntos.
Según Lagares, la devaluación fiscal debería producirse cuando «la financiación de las pensiones se estabilice».
La comisión de expertos considera que la contribución económica de su propuesta en la primera fase sería de un crecimiento del 0,5 % anual tanto del PIB como del empleo, «compatible con una ligera aceleración de la senda de reducción del déficit público».
La posterior devaluación fiscal podría llegar a tener un impacto anual en el crecimiento y en la creación de empleo del 0,7 % del PIB con una «apreciable» contribución adicional a la reducción del déficit público.