La comisión de investigación desarrollada en el Parlamento de Navarra ha «reprobado» a la presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, y a la consejera de Economía y Hacienda, Lourdes Goicoechea, y les ha pedido que «asuman las correspondientes responsabilidades políticas», dimitan y se convoquen elecciones para el próximo 25 de mayo.
En caso contrario, «las presentes conclusiones obligan a los grupos a tomar las medidas pertinentes para devolver la palabra a la ciudadanía y poner fin a la situación actual».
La comisión se ha reunido esta viernes para aprobar el dictamen con las conclusiones, tras las aportaciones de los grupos, unas conclusiones que se han aprobado con los únicos votos en contra de UPN y PPN. El resto de grupos, PSN, Bildu, Aralar-NaBai, Izquierda-Ezkerra y Geroa Bai han votado a favor. El dictamen será remitido a la Mesa del Parlamento para que sea ratificado en pleno. Igualmente, se remitirán todas las actuaciones al Ministerio Fiscal.
Tras concluir la comisión, su presidente, el socialista Juan José Lizarbe, ha expuesto ante los medios de comunicación que se han obtenido ocho conclusiones basadas en once hechos «acreditados». Lizarbe ha dicho que las conclusiones son «contundentes» y que ahora «cada grupo tiene que evaluar las iniciativas políticas que se puedan plantear».
En concreto, se ha concluido que Goicoechea, «prevaliéndose de su cargo, realizó injerencias e interferencias en el normal y autónomo funcionamiento de la Hacienda Tributaria, con la intención de obtener ilegalmente datos fiscales protegidos, con la intención de mediar en el funcionamiento autónomo de la Hacienda, con la intención de obtener trato de favor para una empresa anterior cliente de su asesoría fiscal, resulta verosímil que con la intención de obtener trato de favor para las empresas anteriores clientes solicitando el plan de inspección y también con la pretensión de modificar el criterio técnico de Hacienda en la inspección fiscal de la Universidad de Navarra».
Se ha concluido igualmente que la presidenta Barcina ha sido «conocedora» y «corresponsable» de las anteriores actuaciones de la consejera. Y que las actuaciones de ambas «no han cumplido la legalidad vigente, infringiendo» trece artículos. También se determina que ambas «no han actuado en defensa de los intereses generales de Navarra» y «sólo lo han hecho por interés político y partidista».
En las conclusiones, la comisión da por «acreditadas» las acusaciones de la exdirectora gerente de la Hacienda Idoia Nieves. Y determinan así que las actuaciones de Barcina y Goicoechea «constituyen prácticas consistentes en la utilización de las funciones y medios de la Administración en provecho político y partidista de sus gestores», lo que, según ha leído Lizarbe, «coincide con la acepción cuarta de la RAE sobre la palabra corrupción».
La comisión ha puesto de manifiesto la «actitud obstruccionista» y «manipuladora» por parte de la presidenta Barcina.
LOS HECHOS
Según ha expuesto Lizarbe, los hechos recogen que «las decisiones tomadas por el Gobierno de Navarra en el último trimestre 2012 de retrasar las devoluciones del IVA más de seis meses fueron con el único propósito de cumplir las exigencias del objetivo del déficit y satisfacer partidistamente la política del PP, con una serie de perjuicios para las empresas, los ciudadanos y para la economía navarra».
Se añade que la decisión fue «ordenada» por la presidenta Barcina y «materializada» por la consejera Goicochea, «a pesar de las advertencias de las consecuencias negativas que podía tener». Además, indica la comisión, la decisión de retrasar las devoluciones del IVA supone «incumplir» la obligación legal de devolverlo en el plazo de seis meses, «incumpliéndose de igual modo, ya transcurrido un año, la obligación de abonar los intereses de demora, que sólo se han hecho efectivos a una mínima parte de los contribuyentes afectados».
Considera también la comisión un hecho «acreditado» que se ha retrasado «indebidamente» la negociación del Convenio con el Estado y que «se ha pactado unilateralmente y sin consenso los niveles de endeudamiento hasta 2016».
Se afirma igualmente que la consejera Goicoechea ha «intercedido» y «realizado injerencias», hasta en «cuatro ocasiones diferentes», en actuaciones de la Hacienda de Navarra. «Se refiere a 1,5 millones de la Universidad de Navarra» y «a Conservas Almanaque», ha leído Lizarbe, quien ha continuado que Goicoechea, «prevaliéndose de su posición de consejera y con conocimiento de la presidenta, intentó sin éxito obtener los datos de retribuciones y retenciones de los consejeros y empleados de CAN».
Otro de los hechos recogidos en las conclusiones es que Goicoechea, cuando era consejera de Desarrollo Rural, «no resulta inverosímil pensar que intentó sin éxito conocer y obtener el plan de inspección para comprobar si alguno de sus antiguos clientes pudieran ser inspeccionados por la Hacienda Tributaria».
Se incluye también que la consejera «intentó interferir en la labor inspectora realizada por medio de auditorías informáticas a varias empresas del sector hostelero», así como que «la presidenta del Gobierno encargó telefónicamente al secretario general técnico un informe para intentar avalar la decisión de aplazar las devoluciones del IVA con la única finalidad de remitirlo al señor Rubalcaba».
Finalmente, en los hechos recogidos en el dictamen se habla de «tráfico de influencias» que, según la comisión, «corresponderá dirimir a la Fiscalía».