El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció ayer que la reforma de la Administración «avanza a un ritmo imparable» y que las medidas de eliminación de duplicidades y simplificación administrativa acumulan ya unos ahorros de 7.384 millones de euros.
En la clausura de unas jornadas celebradas en el Palacio de la Moncloa junto con los ministros de Administraciones Públicas de Francia, Italia, Polonia, Portugal y Reino Unido, Rajoy consideró «ineludible» esta reforma no sólo para ahorrar, sino para lograr una Administración tan «dinámica, efectiva y moderna como la sociedad a la que sirve».
Ese ahorro de 7.384 millones de euros se ha logrado sin contar con los efectos de la reforma local, que ya está en vigor.
Rajoy calculó que sólo con las medidas ya implantadas la Administración española acumulará unos ahorros de más de 28.898 millones de euros al terminar la legislatura, en 2015.
El «error» socialista
El jefe del Ejecutivo criticó el «error» cometido en los años del gobierno socialista, en los que algunos «dejaron de pensar en la Administración o en mejorarla» y se elevó el gasto público «sin medida y sin control».
Ante esa situación, defendió la necesidad de una profunda reforma que no dependiese de coyunturas políticas, como la que ha acometido el Gobierno con planes de ejecución en toda la legislatura y efectos «que perdurarán en el futuro».
«Yo fui ministro de Administraciones Públicas en su época, no hice la reforma de la Administración, pero he vuelto para hacerla», bromeó.
De las más de 200 medidas previstas, todas están ya en ejecución y más del 23 por ciento totalmente finalizadas.
Citó como ejemplo de esas medidas el plan para erradicar la morosidad en el sector público o la ley para impulsar la factura electrónica. Para eliminar trabas administrativas se ha impuesto también un nuevo plazo de cuatro meses para emitir un expediente de evaluación de impacto medioambiental, cuando el tiempo medio era de 3 a 4 años.
Frente a la dispersión normativa, también se está tramitando en el Parlamento una ley que refundirá ocho normas y pondrá «orden en ese marasmo», mientras que la ley de garantía de unidad de mercado permitirá que cualquier producto pueda comercializarse en todo el país con licencia única.
Otro ejemplo de racionalización al que se ha referido el jefe del Ejecutivo es la reducción de un 39 por ciento de las sociedades y fundaciones públicas, así como la reducción de las cuentas bancarias de la Administración, que antes ascendían a más de 4.000 y se quedarán en un 0,01 de esa cifra.