El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán ha negado hoy en la Audiencia Nacional haber cometido el delito fiscal del que se le acusa en la compra de Aerolíneas Argentinas por Air Comet y ha señalado: «No hay delito fiscal ni lo ha habido nunca».
La Fiscalía pide dos años y cuatro meses de prisión para Díaz Ferrán por haber defraudado supuestamente una cuota de 99 millones a la Hacienda Pública después de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) vendiera la citada empresa a Air Comet por el precio simbólico de un euro.
«Si hubiéramos creído que había que pagar algo, le habríamos pedido a la SEPI que lo aportara, porque Hacienda y la SEPI son prácticamente lo mismo», ha dicho el expresidente de la patronal.
Díaz Ferrán ha entrado esposado en la sala de vistas de la Audiencia Nacional después de ser trasladado desde la cárcel de Soto del Real (Madrid), donde permanece en prisión preventiva desde el 5 de diciembre del año pasado por la causa en la que se investiga el vaciamiento patrimonial del grupo Marsans.
Delitos económicos
Antes de que diera comienzo el interrogatorio, el juez que preside la vista, José María Vázquez Honrubia, ha preguntado al exdueño de Marsans por su edad, profesión y situación penal, a lo que el acusado ha respondido que tiene 70 años, es empresario y actualmente está en prisión preventiva.
«¿Por qué delitos?», ha inquirido el magistrado, a lo que Díaz Ferrán, tras dudar unos momentos, ha contestado: «Ahora mismo no recuerdo».
Vázquez Honrubia ha dicho entonces si se trataba de delitos económicos, a lo que el que el acusado ha replicado: «Sí, podríamos decir eso».
Por su parte, la defensa del otro acusado, el expresidente de Air Comet Antonio Mata, ha planteado como cuestión previa la prescripción del delito fiscal por el que se le juzga, pero el juez que preside la vista, José María Vázquez Honrubia, la ha rechazado de plano.
El magistrado ha recordado que la sala de lo penal ya desestimó esta alegación y ha añadido que, en contra de lo que asegura el letrado de Mata, la denuncia que dio origen a la causa en noviembre de 2004 ya aludía al posible delito fiscal cometido.