Los casos de corrupción política se acumulan en los juzgados españoles. Ayer fue otro día en el que se sucedieron las noticias sobre presuntos delitos de la clase política. Este es el caso de la exministra socialista Magdalena Álvarez, que parecía haberse librado del caso de los ERE, pero ayer volvió a verse implicada.
La jueza que instruye los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, ha citado de nuevo como imputada a la exconsejera de Economía y Hacienda y exministra de Fomento Magdalena Álvarez en un auto en el que pide «calma» para poder culminar con «dignidad» el caso, que empezaron a instruir en 2011 «unos pocos incansables», según afirma.
Una semana después de que la Audiencia de Sevilla revocara parcialmente la imputación de la exconsejera, Alaya ha dictado un auto en el que cita el 7 de noviembre a Álvarez, a la que acusa de malversación y prevaricación, «a fin de colmar la exigencia de sus derecho de defensa por si quisiera ampliar algún extremo de su declaración». En el auto, la jueza rechaza elevar el caso al Tribunal Supremo a pesar de los siete aforados imputados en la causa porque sostiene que tiene la «convicción de que al menos la mayor parte de la causa es inescindible».
Subvenciones
La exministra y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) declaró ante Alaya el pasado 8 de octubre, cuando le leyó los hechos que le imputa y que adjunta en el auto. Tras explicar el procedimiento de la consejería para «otorgar subvenciones sociolaborales al margen del procedimiento legal», de lo que culpa a Álvarez «en connivencia con otros», la juez defiende la instrucción del caso, que «siempre ha respondido a un diseño bien definido», como subraya físicamente en el auto, «lo cual nada tiene que ver con una instrucción espasmódica».
También recuerda que empezó a instruir los ERE a finales de 2011, aunque no tuvo los medios policiales necesarios hasta seis meses después gracias a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.