El juez de instrucción número 4 de Madrid ha desestimado el recurso del exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Juan José Güemes contra su imputación por el proceso de privatizaciones externalizadas en un auto en el que concreta que los delitos por los que se le imputa, junto al también exconsejero Manuel Lamela, son prevaricación y cohecho.
En el auto, el juez Marcelino Sexmero -que instruye la querella contra la externalización sanitaria presentada por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem)- desestima el recurso de reforma presentado por Güemes, Asisa y Unilabs contra su decisión de admitir a trámite la querella.
El juez considera que los hechos denunciados por Afem deben ser investigados, aunque reconoce que el texto de la querella sea «farragoso».
«Si existe alguna duda acerca de que los hechos sean o no constitutivos de delito se debe acordar su inadmisión y proceder a la investigación», asevera en el auto.
Entre otros motivos, el recurso se basaba en la falta de legitimación de Afem «y, en consecuencia, inviabilidad de la personación como acusación popular de varios diputados del grupo socialista», en la «narración generalista de los hechos e imputaciones de la querella en concreción de conductas e imputaciones», además de en la «instrumentación política de la acción penal».
Además, la defensa de Güemes alegó que en la querella «no se describe conducta alguna al recurrente subsumible en los tipos delictivos enumerados ni tienen relación con el resto de querellados».
El pasado 21 de junio, el juez Sexmero admitió a trámite la querella de Afem contra responsables de la Sanidad madrileña por prevaricación, cohecho, fraude y malversación en relación con posibles irregularidades en la externalización de servicios sanitarios desde 2004.
La querella, presentada el 29 de mayo, se refiere a la gestión del Servicio Madrileño de Salud desde el año 2004 y la vinculación de excargos públicos como los exconsejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes a empresas que recibieron adjudicaciones sanitarias.
En concreto, Afem denuncia los presuntos delitos de realización arbitraria del propio derecho, coacciones, delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental, prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos.
En el auto conocido hoy, el juez defiende su decisión de admitir a trámite la querella y concreta en prevaricación y cohecho los delitos por los que se imputa a Güemes y Lamela.
El juez argumenta que la imputación se refiere a los querellados «que han intervenido en las adjudicaciones a empresas con un accionariado opaco, incumpliendo alguno de los requisitos previstos en la ley como la no exigencia del canon y que se han beneficiado de dichos acuerdos para después contratar los servicios de anteriores consejeros de sanidad», como Güemes y Lamela.
Afem basó su denuncia en posibles irregularidades del Servicio Madrileño de Salud en los conciertos para la asistencia sanitaria, por vinculaciones de cargos y antiguos responsables políticos presentes en empresas concesionarias y por la posible negligencia en el control del gasto público, de la facturación intercentros y las derivaciones, así como por la vulneración de los derechos de los pacientes.
En su querella, Afem acusa de estos supuestos delitos a la actual viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad, Patricia Flores y al director general de hospitales, Antonio Burgueño.
Igualmente, a los exconsejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid Manuel Lamela -consejero de Assignia, empresa que participa en la UTE que gestiona servicios del Hospital del Tajo- y Juan José Güemes, que renunció en enero a su cargo en Unilabs, firma que adquirió la empresa a la que la Comunidad de Madrid adjudicó los análisis clínicos de seis hospitales en 2009.
El juez mantiene la personación del PSM en calidad de acción popular y, respecto a la «instrumentalización política de la acción penal», afirma que «desconoce las motivaciones» de las partes, incluido el fiscal.