El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se ha comprometido a buscar una fórmula que impida que los etarras y delincuentes más peligrosos que puedan ser excarcelados en cumplimiento de la derogación de la 'doctrina Parot' cobren un subsidio estipulado por ley. Fernández Díaz ha respondido así en el Congreso a la interpelación de la portavoz de UPyD, Rosa Díez, quien ha pedido que de forma urgente se modifique la normativa para que etarras como Inés del Río, recientemente excarcelada, puedan beneficiarse de esa prestación.
El ministro se ha comprometido a buscar el mayor consenso posible en el plazo de tres semanas, antes de que se debata la moción consecuencia de interpelación que UPyD presentará, a la vez que se ha mostrado dispuesto a estudiar mecanismos legales para evitar que los etarras excarcelados puedan recurrir el bloqueo de las indemnizaciones a las que tienen derecho cuando se alarga su estancia en la cárcel y, más en general, a que dejen de percibir las ayudas sociales a las que ahora tienen derecho.
La Ley de Seguridad Social de 1994 establece el derecho a cobrar el subsidio de desempleo a quienes hayan sido excarcelados y no tengan derecho a la prestación por desempleo, siempre que la privación de libertad haya sido por un tiempo superior a seis meses.
El recluso deberá además carecer de rentas de cualquier naturaleza superiores, en cómputo mensual, al 75 % del salario mínimo interprofesional (SMI), excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.