La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha recibido desde enero y hasta el 30 de septiembre 21.459 quejas -un 10,5 % más que en el mismo periodo de 2012- y las que más han aumentado han sido las relacionadas con la sanidad, que se han aumentado un 59,5 %.
Estas son algunas de las cifras globales que ha aportado Soledad Becerril durante su comparecencia en el Congreso para dar cuenta de las acciones que realiza la institución, que ha recibido en lo que va de año más quejas tanto individuales como de colectivos.
Este aumento en las quejas en relación a la sanidad ha llevado a la defensora a plantear recomendaciones a distintas comunidades autónomas por las demoras en las listas de espera para intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas.
Recomendaciones que, según ha detallado, se han planteado a «Castilla-La Mancha, Madrid, pasando por Extremadura, Cataluña, Castilla y León y Baleares», y que han sido aceptadas por parte de todas las comunidades, algunas de las cuales han reaccionado «rápidamente».
Según Becerril, las listas de espera en algunos hospitales son «extraordinariamente altas» e incluso superan los dos años para traumatología y un año para neurocirugía, aunque también son destacadas en oftalmología quirúrgica y para resonancias magnéticas.
Quejas en relación a Hacienda y el Registro Civil
El incremento de quejas también es considerable en relación al Registro Civil y las parejas de hecho (han aumentado un 54,6 %), y a Hacienda y tributos (un 26 %).
Sin embargo, han disminuido las relativas a Extranjería e Inmigración, el régimen y la organización de corporaciones locales y las vinculadas a política social, que han bajado un 16 %.
También han descendido las solicitudes de recursos de inconstitucionalidad, 6.500 frente a las 16.000 que se registraron en ese periodo del año pasado y se debe en buena medida a que el año pasado fueron muchas las personas que las presentaron de forma individual por la supresión de la paga extra de los funcionarios.
Recomendaciones
La institución ha planteado recomendaciones en relación a la gestión privada de hospitales en Madrid y algunas han sido recogidas en los pliegos de condiciones en el concurso de adjudicación.
Otras recomendaciones han tratado sobre los niños robados, un asunto sobre el que se han recibido unas 300 quejas. La institución está verificando que la Policía y la Fiscalía están estudiando sus denuncias.
Además, otras se refieren a la ley de tasas judiciales, algunas ellas, las variables, «excesivas», según Becerril, y a la ley de costas para que se proteja todo el litoral, cuestión que ha tenido una respuesta favorable.
También, se ha planteado una actualización de pensiones para que «tan pronto como sea posible se actualicen» y los jubilados recuperen la paga extra que perdieron en 2012, aunque la respuesta del Gobierno por el momento ha sido «ya lo veremos».
En este momento, además, la institución está intentado que no se suspenda para 2013 la subsidiación de préstamos y que las ayudas se materialicen.
Lorca también es otro asunto al que también ha hecho alusión, ya que ha pedido a Fomento que ponga a disposición suelo urbanizable y que si no dispone de ello lo haga la administración local y el Ministerio financie las viviendas, lo que, tal y como ha dicho, ha sido aceptado.
A la Federación de Municipios y Provincias también se ha dirigido para que puedan ser grabados los plenos, lo que se hará.
A Hacienda y a Administraciones Públicas le ha recomendado que no se exija el pago de la plusvalía cuando se pierde la vivienda habitual, pero, según ha comentado, todavía hay «ciertas reticencias».
Administraciones que no responden
Siete administraciones no han contestado a los requerimientos de la defensora y ésta lo ha puesto en conocimiento de la Fiscalía.
Son los ayuntamientos de Arucas y Teguise (Las Palmas); el de Coslada (Madrid); la Diputación de Albacete; la consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía; la consejería de Cultura, Deporte, Políticas Sociales y Vivienda de Canarias, y la Comunidad de Regantes «Virgen de las Nieves» de Alicante.
Tras su intervención, algunos grupos han coincidido en la necesidad de que se realice un informe profundo sobre la pobreza infantil, tras los datos del Consejo de Europa sobre la situación en España.