La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha acusado de fraude a más de medio millón de parados al afirmar que el trabajo de verificación y de control del fraude en el desempleo ha ahorrado a los contribuyentes 3.161 millones, tras descubrirse 520.572 perceptores indebidos de estas prestaciones.
Según han reconocido posteriormente fuentes del Ministerio de Empleo citadas por el diario ElPaís.com estas cifras corresponden mayoritariamente a personas a las que se les ha retirado la prestación un mes por problemas administrativos, como por ejemplo no acudir a una cita prevista o no tener alguna documentación. La mayoría de estos perceptores han sido sancionados por incumplimientos como la ausencia de comunicación de rentas o de prestaciones, así como la no renovación de demanda. La agencia Efe recogió posteriormente el correctivo que daba el Ministerio de Empleo y Seguridad Social a la vicepresidenta.
Sanciones
Las sanciones van desde la suspensión de uno a seis meses del cobro de la prestación, en su mayoría, hasta la retirada total de la prestación dependiendo de la gravedad de la infracción. Por todo ello, el diputado socialista Pedro Sánchez ha exigido a la vicepresidenta que se disculpe inmediatamente con los parados a los que ha acusado de defraudadores y ha dicho que solicitará su comparecencia urgente en el Congreso para que lo explique.
En opinión de Pedro Sánchez es muy grave que el Gobierno utilice los datos «de manera falsa» para trasmitir a la opinión pública que los desempleados son unos defraudadores. A su juicio, es una «frivolidad» que el Gobierno «se permita el lujo de atacar a aquellos que más están sufriendo las políticas de recorte, que son los desempleados».
Por su parte, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha denunciado que el Gobierno ha desistido en la lucha contra el desempleo y que su «única obsesión» es reducir la nómina de las personas desempleadas.