La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), mayoritaria en la educación privada concertada, ha convocado una huelga para el 24 de octubre, en coincidencia con la anunciada por las principales organizaciones laborales de la enseñanza pública, contra la reforma educativa y los «recortes».
Además de FSIE, que se atribuye el 40 % de representación en la concertada, la Unión Sindical Obrera (USO), con cerca del 30 %, ya anunció una jornada de paro para esa misma fecha con el lema «Por una escuela de calidad, plural, libre y gratuita».
La primera en convocar fue la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, en septiembre, que forman los sindicatos CCOO, STES, UGT y CGT, los padres de Ceapa, el Sindicato de Estudiantes (SE), la Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas (Faest) y los Movimientos de Renovación Pedagógica (MRPs).
Posteriormente, los sindicatos ANPE, para el que se trata de una reforma «sin consenso que no soluciona los problemas educativos», y CSIF, que opina que se trata de una ley que «toma partido por el sector privado y aboca al profesorado a la huelga».
Sin embargo, FSIE niega que favorezca a la enseñanza concertada, sino que «empeora» cuestiones importantes para la actividad de sus docentes y resto de trabajadores, aparte de la congelación salarial de 2014 y la consolidación de los «duros recortes» que padece el sector.
La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), aprobada ayer por el Congreso, tiene un futuro «incierto» y ha sido tramitada y elaborada «de espaldas a la educación concertada», asegura el secretario general de FSIE, Jesús Pueyo, en un comunicado.
«La negociación con el Ministerio hay sido inexistente -asegura-, y sin la implicación del profesorado es difícil que una reforma salga adelante».
Sin consenso, su aplicación y duración estará condicionada a la permanencia en el gobierno del partido que la promueve (PP), argumenta, y nuevamente alumnos, profesionales y centros serán los «grandes perjudicados».
Este sindicato de la concertada sólo reconoce un «tímido» avance en favor de la libertad de elección de centro, pero consolida una «clara subsidiaridad discriminatoria» de la enseñanza concertada frente a la pública.
«No hay ni una sola mejora en el régimen de conciertos educativos, ni mejoras para los docentes y no docentes de la enseñanza concertada. Los conciertos ni se consolidan ni se extienden a los niveles no obligatorios», según Pueyo.
La educación concertada, prosigue, ha padecido los mismos recortes que la pública, pero desde peores condiciones: «financiación deficitaria crónica, menos profesorado, menor salario, mayor jornada laboral».
Aunque comparte la necesidad de cambios para reducir el alto índice de fracaso y abandono escolares, la ley tiene «lagunas importantes":
Infantil y Primaria son las «grandes olvidadas» y la enseñanza básica obligatoria debería de tener una estructura «más sencilla y homogénea».
La distribución de competencias en la aprobación y desarrollo del currículo es «compleja» y acrecentará las diferencias entre comunidades autónomas.
«La nueva estructura (de asignaturas y cursos) -analiza FSIE- generará problemas organizativos que provocarán despidos y cierres de unidades en el sector».
Las pruebas externas comunes son necesarias para conocer la evolución del alumnado y propiciar su mejora, pero no deben ser obligatorias superarlas, opina el sindicato, para obtener las titulaciones de ESO y Bachillerato.
Además, «se debilita» la participación en los consejos escolares de los centros al reducir sus funciones.
FSIE asegura que el Ministerio no ha convocado la mesa sectorial de la Educación Concertada desde que José Ignacio Wert es el titular de la cartera y reclama participar en la elaboración del futuro Estatuto Docente.