El Gobierno de Mariano Rajoy estudia la viabilidad jurídica y legal de la batería de medidas que prepara para hacer frente a las recientes actitudes de Gibraltar, según fuentes gubernamentales.
El plan que estudia el Ejecutivo ha sido anunciado después de que el Peñón enviara a la Comisión Europea un informe sobre las colas que se han venido produciendo en la frontera debido a unos controles que España considera «irrenunciables» y tras arrojar de una forma incontrolada 70 bloques de hormigón en aguas españolas.
Crear una tasa de entrada y salida de 50 euros e impulsar un plan de lucha contra el fraude fiscal son algunas de las medidas que estudia el Gobierno.
Comisión Europea
La Comisión Europea reconoció ayer el derecho de España a controlar su frontera con Gibraltar, un territorio que no pertenece al espacio Schengen, pero recordó que esos controles «deben ser proporcionados».
La Comisión tiene intención de hablar con las autoridades españolas de los controles, que en los últimos días han provocado largas colas en la frontera con Gibraltar, en una reunión que tendrá lugar «probablemente en septiembre u octubre».
Por su parte, el primer ministro británico, David Cameron, expresó ayer su «preocupación» por la situación en la frontera, si bien matizó que España aún no ha planteado la aplicación de nuevas medidas para acceder al Peñón.
Inquieto por unas medidas que pueden castigar a la población gibraltareña y la actividad del territorio bajo soberanía británica, un portavoz de Cameron indicó que el primer ministro está preocupado y buscará clarificar la situación con el Gobierno de Mariano Rajoy.
Pese a todo, el Gobierno británico se ha mostrado conciliador al afirmar que está en «estrecho contacto» con España y confía en que los dos países puedan mantener buenas relaciones.
Para el Reino Unido, las diferencias deben ser resueltas por medios políticos y no con medidas «desproporcionadas», señaló la fuente, al tiempo que dejó claro que no comprometerá su soberanía sobre Gibraltar.