Gibraltar ha vuelto al primer plano de las relaciones entre España y el Reino Unido después de que el Ejecutivo de Rajoy denunciara el vertido de 70 bloques de hormigón en aguas españolas -que obstaculiza la labor de los pesqueros- y el Gobierno británico convocara al embajador en Londres por las colas que se han registrado estos días en la verja.
España ha dejado claro en este sentido que los controles que realiza en la frontera no son «contra» medidas concretas sino que está «obligado» a hacerlos y que los considera «irrenunciables».
«Con Gibraltar se ha acabado el recreo de la época de Moratinos», ha asegurado el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo.
Entrevista
«Nunca antes de Moratinos un ministro español de Exteriores había puesto a Gibraltar al mismo nivel que Reino Unido y España y reconocido algo como el Foro Tripartito. Eso fue un disparate», afirma el ministro en una entrevista en Abc .
De hecho, el Gobierno estudia una serie de medidas para hacer frente a las actitudes de Gibraltar, como investigar a unos 6.700 gibraltareños que tienen su residencia real en España pero no la fiscal y establecer una tasa de congestión a los vehículos que atraviesan La Línea. García-Margallo concreta que esa tasa podría ser de 50 euros para entrar y 50 euros más para salir.
El 1 de agosto, sólo quince días después de que se cumpliera el 300 aniversario del Tratado de Utrecht por el que se cedió Gibraltar, el Gobierno del Peñón envió a la Comisión Europea un informe sobre las colas producidas en la frontera con España, una situación de la que culpa a las autoridades españolas.
El primer ministro adjunto gibraltareño, Joseph García, indicaba en la carta de queja que aunque España tiene el derecho de verificar las personas y los bienes que cruzan la frontera, estos controles «no deben interferir con el derecho a la libertad de movimiento de los ciudadanos de la UE».