El juez Baltasar Garzón ha afirmado este sábado que el encarcelamiento de Luis Bárcenas era «una necesidad terapéutica para la sociedad española» y ha recordado «los ataques desmesurados» que sufrió por parte del PP cuando comenzó la investigación sobre la implicación del extesorero en el caso Gürtel.
Garzón ha hecho estas declaraciones en Oviedo, donde ha recogido el premio concedido por la Asociación 13 Rosas Asturias en reconocimiento «a su contribución a la memoria histórica y su defensa de los derechos humanos y la justicia universal».
El exmagistrado de la Audiencia Nacional ha valorado que se haya ratificado su primer auto sobre este caso basado en un cúmulo de indicios en contra del extesorero del PP.
«Aquello supuso un ataque desmesurado del PP y una persecución por parte de algunos medios de comunicación y, sin embargo, ahora todo el mundo se echa las manos a la cabeza porque aparecen 48 millones de euros mientras que yo ya me las eché hace muchos años y pagué las consecuencias de mi coherencia», ha subrayado.
Garzón se ha mostrado contento porque se ha desarrollado la acción de la justicia, aunque ha lamentado que se haya tardado tres años y no ha querido señalar si debería haber más personas imputadas en este caso.
«Si el señor Bárcenas, hipotéticamente, mediaba en una calificación alguien daba la autorización, alguien tomaba la decisión, otros pagaban el dinero y otros se beneficiaban. Este caso no tiene ninguna particularidad sobre otros y solamente hay que investigar y llegar a establecer las consecuencias», ha recalcado.
A su juicio, el ingreso en prisión de Bárcenas «era una necesidad terapéutica para la sociedad española sobre todo cuando una persona alardea de forma cínica de lo que hace, es como reirse de los ciudadanos».
Ha indicado que por «necesidad democrática» es necesario que los investigadores lleguen «hasta el fondo de la verdad» para dejar constancia si existen más responsables en este caso de corrupción.
Garzón ha asegurado que no se arrepiente de los casos que ha llevado, en concreto su investigación sobre los «crímenes franquistas» que supuso su suspensión como juez.
No obstante, no ha querido incidir en su caso pero ha dicho que algunas normas que se están aprobando últimamente «van a afectar de forma clara a la independencia de la justicia».