La Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) pidieron hoy al Gobierno de España que vigile la solvencia y la calidad de los activos de la banca española ante la «situación económica adversa», que sigue pesando sobre el sector.
La CE y el BCE, así como el FMI en su calidad de supervisor independiente del programa de asistencia financiera a la banca española, señalaron en las conclusiones preliminares de su tercera revisión que el proceso de reestructuración y recapitalización de las entidades que precisaron ayuda «continúa por el buen camino».
Los expertos de Bruselas, Fráncfort y Washington visitaron España del 21 al 31 de mayo junto con técnicos de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, en inglés) y del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y determinaron en sus reuniones con la banca y las autoridades españolas que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el memorando de entendimiento «casi se ha completado».
«Los mercados financieros españoles se han estabilizado aún más desde la última revisión, con una caída del interés de los bonos soberanos y corporativos junto a una menor volatilidad. En paralelo, la situación de liquidez del sector bancario español ha mejorado», afirmaron la CE y el BCE en un comunicado conjunto.
Esta mejoría ha permitido a los bancos españoles ampliar su acceso a los mercados financieros y reducir su dependencia del banco central, al tiempo que han visto «reforzada su solvencia» gracias a la recapitalización de parte del sector mediante la ayuda europea de unos 40.000 millones de euros de un total de 100.000 millones concedidos, y la transferencia de activos tóxicos a la Sareb.
Esta sociedad de gestión de activos, más conocida como el «banco malo», afronta ahora el «gran desafío» de gestionar y desinvertir con éxito esa cartera en un entorno «de condiciones todavía muy difíciles para el mercado inmobiliario».
Con todo ello, «los ratios de solvencia están por encima de los requerimientos regulatorios», destacan la CE y el BCE.
No obstante, piden al Gobierno que siga «vigilando de cerca» el sistema bancario a fin de preservar su estabilización final.
España no debe bajar la guardia debido a la «situación económica adversa, las continuadas necesidades de desapalancamiento del sector no financiero español y el ajuste en el mercado inmobiliario, que siguen afectando severamente a los volúmenes de préstamos y a la calidad de los activos del sector bancario español», explican.
En este contexto, insisten en la necesidad de mantener un análisis continuado sobre la evolución de la calidad de los activos bancarios, la solvencia y la resistencia de las entidades españolas.
El FMI por su parte, valora la reciente clarificación de los criterios establecidos por el Banco de España sobre la clasificación de créditos y deuda refinanciada o reestructurada, pero pide una «rigurosa aplicación de esas exigencias para asegurar el aprovisionamiento adecuado de pérdidas sobre esos préstamos».
Recalca que «acciones supervisoras para reforzar la solvencia y reducir los riesgos deberían dar prioridad también a medidas que no contribuyan a exacerbar las ya de por sí estrechas condiciones crediticias».
Las conclusiones de esta tercera evaluación se esperaban con atención, dado que algunos expertos del sector financiero temían que la troika diese a entender que la banca necesita más ayudas.
El portavoz comunitario de Asuntos Económicos y Monetarios, Simon O'Connor, dijo a algunos medios españoles que «por ahora no tenemos ninguna indicación de que la banca española vaya a necesitar más dinero, pero (...) vamos a seguir vigilando la situación hasta el final del programa» de asistencia financiera en diciembre.
Se calcula que las nuevas exigencias de provisiones para los créditos refinanciados por la banca española ascenderán a unos 10.000 millones de euros y la gran incógnita radica en si las entidades serán capaces de afrontar por sí solas la cobertura.
La CE y el BCE piden además al Gobierno español que controle los efectos de la nueva ley que regula las ejecuciones hipotecarias, de modo que se analice si el resultado «es apropiado o si es necesario adaptarla para garantizar la estabilidad financiera».
Además, consideran que «la puesta en marcha de los esfuerzos debe continuar» y apuntan a la reforma de la gobernanza de las cajas de ahorro y al cambio de procedimientos de supervisión del Banco de España, así como a la finalización del reparto de cargas.
En el plano macroeconómico, insisten en el cumplimiento de las recomendaciones presentadas por Bruselas, ante los riesgos para la situación económica y presupuestaria que se derivan del alto desempleo, la contracción, el todavía elevado nivel de deuda privada y externa y el rápido aumento de la deuda pública.