La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso ayer a la entrega a Suiza del informático del HSBC Hervé Falciani, reclamado por robar datos de cientos de miles de presuntos evasores fiscales, en atención a su colaboración en investigaciones de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
Según la fiscal Dolores Delgado, la información de Falciani ha servido para desvelar conductas que han podido contribuir no solo «a la crisis» económica, sino «a la vulneración de derechos de los ciudadanos» a los que se les han sustraído fondos públicos y por ello «no se le puede perseguir, y España no le perseguiría».
La fiscal expuso que no cabe la extradición de Falciani al no cumplirse el requisito de la doble incriminación (que los delitos por los que se pide la entrega tengan su equivalencia en el ordenamiento jurídico español).
Esto es así, explicó, porque en España no está penada la revelación de secretos bancarios.
El informático cumplió además, según Delgado, con su obligación de denunciar hechos delictivos conocidos en razón de su cargo y no se puede «castigar a aquellos que observando conductas delictivas» las denuncian.
Otro dato llamativo para la fiscal es que el HSBC no ejercitó acciones contra el italo-francés hasta marzo de 2009, «coincidiendo con el inicio de su colaboración con las autoridades internacionales».
Falciani, según recordó Delgado, colaboró desde ese momento con las autoridades de Francia, Italia, Estados Unidos y España, que «también se ha beneficiado», en la investigación de delitos de blanqueo, fraude fiscal o financiación del terrorismo.
Durante su declaración en francés ante el tribunal, Falciani, que camuflaba su aspecto con peluca, gafas y una incipiente barba, negó haber recibido dinero a cambio de la información bancaria a la que tuvo acceso con un tajante: «Ninguna persona en el mundo puede declarar que recibí alguna gratificación o que la haya pedido».