Unión Progreso y democracia (UPyD) ha presentado este lunes una querella en la Audiencia Nacional por el caso de las participaciones preferentes, que ha dirigido contra el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura, contra el exgobernador del Banco de España Miguel Angel Fernández Ordóñez y contra los directivos de Bankia y Bancaja que intervinieron en la comercialización de dichos productos financieros.
A todos ellos se les imputa la comisión de los delitos de estafa, estafa de inversores, apropiación indebida, publicidad engañosa, administración fraudulenta o desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas.
La formación magenta también ha interpuesto dicha querella contra Caja Madrid y su filial, la mercantil Caja Madrid Finance Preferred S.A.; Bancaja Eurocapital Finance y contra el Banco Financiero y de Ahorros, S.A.
En cuanto a las personas físicas denunciadas, el partido que lidera Rosa Díez se ha querellado contra los responsables de los folletos de las emisiones de participaciones preferentes de Caja Madrid Finance Preferred S.A., Carlos Stilianopoulus; de Caja Madrid, Fernando Cuesta y Carlos Contreras; de Bancaja Eurocapital Finance, Aurelio Izquierdo; y de Bancaja, José Fernando García.
La denuncia también se dirige contra «todos los consejeros y directivos de las anteriores entidades que hubieran intervenido, consciente y deliberadamente, en el diseño, implantación y comercialización de las participaciones preferentes y otros instrumentos híbridos».
UNA «BATALLA» CONTRA LA «IMPUNIDAD»
Así lo ha manifestado Rosa Díez, en una rueda de presa ofrecida esta tarde en la sede del partido, en la que ha estado acompañada por su asesor jurídico y miembro del Consejo de Dirección Andrés Herzog. Según la presidenta de UPyD la interposición de dicha demanda responde a una «batalla» por la justicia y la regeneración democrática y contra la «impunidad».
Según se recoge en el texto, el objeto de la querella es esclarecer la «mayor estafa, cualitativa y cuantitativamente, de la historia» de la democracia española, en la que han participado «concretos delincuentes», es decir, «todos aquellos que diseñaron, implementaron y comercializaron las participaciones preferentes, conscientes de que se trataba de un producto tóxico».
«Pero también hay unos cooperadores necesarios, que autorizaron y encubrieron la trama delictiva: la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España. Todo ello, como puede imaginarse, con el conocimiento del anterior Gobierno», reza la querella.
INFORME CNMV
UPyD señala que «recientes informes» de la CNMV y del Banco de España «acreditan» que la forma en que se comercializaron dichos productos financieros «no fue puntual y fortuita, sino que fue sistemática y deliberada, en ejecución del plan preconcebido por los órganos rectores de las cajas de ahorros y de sus sucesoras (entre ellas señaladamente BFA-Bankia) para financiarse a costa de sus clientes minoristas».
En este sentido, la querella recuerda el informe de la CNMV del pasado 11 de febrero de 2013 que, a su juicio, «viene a confirmar que Caja Madrid y Bancaja (y posteriormente Bankia) aprovecharon la falta de transparencia del mercado AIAF, de funcionamiento descentralizado, para crear un mercado interno ficticio, en el que manipularon de forma continuada los precios de cotización para mantenerlos artificialmente altos, a fin de aparentar que la cotización de estos productos era estable y que tenían liquidez».
Respecto a dicho informe, la querella indica que el propio Banco de España lo «ratifica» el 5 de marzo de 2012 en otro informe en el que los inspectores «reconocen que la entidad lanzó una oferta de recompra de los citados productos a un precio muy por encima del valor del mercado, pagando el 100% del nominal de los títulos por algo que dos expertos independientes han valorado en solo el 21%, lo que podría conllevar un lucro cesante para BFA, comparado con los precios de hasta 1.000 millones de euros».
MITIGAR EL ELEVADO RIESGO COMERCIAL
Para UPyD, la razón por la que se recurrió a esta práctica es que se pretendía «mitigar el elevado riesgo comercial latente». «Las querelladas, a fin de conseguir el desplazamiento patrimonial por parte de sus clientes, idearon un producto lo suficientemente complejo como para que fuera difícilmente entendible por los inversores minoristas», destaca la denuncia.
Las entidades «generaron numerosos incentivos en su propia red comercial para que todos sus esfuerzos se concentraran en vender dicho producto, utilizando en muchos casos la propia incomprensión del producto por parte de la citada red comercial a fin de que pudieran colocarlo sin ningún tipo de reparo y sin ninguna separación entre las labores de asesoramiento y las de comercialización, incurriendo en un claro conflicto de interés».
También se aprovecharon de la «confianza» para hacer creer a sus clientes que se trataba de un «producto rentable, de riesgo limitado, parecido a un depósito» utilizando información «confidencial» de sus clientes de sus bases de datos. Así, «intermediaron operaciones de compra y de venta a precios significativamente alejados de su valor razonable, como indica la CNMV en su informe, perpetrando una evidente manipulación de los mercados».
Durante la comparecencia de esta tarde ante los medios de comunicación, Rosa Díez ha destacado que un «escándalo realmente incomparable» y una «estafa» como la ocurrida en España con el caso de las participaciones preferentes «no hubiera sido posible en ninguna democracia solvente del mundo».
«Aquí ha habido impunidad porque ha habido y hay una enorme opacidad y una enorme complicidad política», ha denunciado Rosa Díez, al tiempo en que ha insistido en que se trata «dirimir responsabilidades de todo tipo» porque hay responsabilidades «políticas, penales, patrimoniales, profesionales».
En esta línea, ha recalcado «la complicidad política que ha habido entre los dos viejos partidos, que controlan y han controlado las instituciones, y las entidades financieras». «Esto ha llegado a producirse porque ellos juntos, y a veces en compañía de otros, han posibilitado que todo este entramado fraudulento, escandaloso, delictivo, contra miles y miles de personas se haya producido», ha subrayado.
ORGANIZAR Y PERPETRAR LA ESTAFA
Para Rosa Díez, «juntos organizaron la estafa y juntos la perpetraron» porque quienes tenían la responsabilidad de la supervisión, la CNMV y el Banco de España, «no cumplieron con su papel». En este punto, la líder de UPyD también ha señalado con el dedo a Izquierda Unida y a los sindicatos, aunque ha reconocido que el nivel de responsabilidad es «menor» en su caso.
Por su parte, Herzog ha aclarado que la denuncia no se dirige a más entidades financieras que también han comercializado este tipo de productos porque tienen las «sospechas» pero no las «pruebas» y sobre la no introducción del expresidente de Bankia Rodrigo Rato en la querella ha detallado que «sería imposible concretar todos los responsables» implicados. «No había base para pedir la imputación de Rato ahora y no la de otros», ha destacado.
Finalmente, ha indicado que esta querella tendría un carácter general, lo que significa que podría conllevar la «nulidad» de todos los contratos y ha añadido que él «personalmente no iría» al arbitraje «amañado» que ha fijado el Gobierno. «No admitiría ese tipo de apaños», ha concluido.