El ministro de Economía, Luis de Guindos, defendió ayer los arbitrajes para los perjudicados por preferentes por su sencillez y porque evitan procesos judiciales largos y costosos, al tiempo que destacó los positivos resultados ya registrados en las entidades que los han realizado.
De Guindos, que asistió al pleno del Congreso para hacer la defensa del real decreto-ley de protección a inversores minoristas en participaciones preferentes, destacó que hasta la fecha se han beneficiado del arbitraje 26.000 clientes de NCG y CatalunyaBanc y recordó que será el sistema que se implante para Bankia.
Estos procedimientos, explicó, evitan a los clientes perjudicados «un proceso judicial largo y costoso» y contribuirán a que «un porcentaje elevadísimo» de las 300.000 personas afectadas logren una solución.
El titular de Economía enmarcó la norma aprobada ayer dentro del conjunto de iniciativas puestas en marcha en el último año para proteger a los ahorradores y, tras insistir en que la comercialización irregular de preferentes es un problema «heredado», destacó que el actual Gobierno es el primero que ha tomado decisiones para evitar que se repita en el futuro.
El decreto, que recibió los votos favorables del PP y CiU -el PNV se abstuvo y el resto votó en contra-, crea una Comisión de Seguimiento que actuará como órgano de control de los arbitrajes.
Encabezada por la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se encargará de determinar quiénes pueden acceder al sistema de arbitraje y de establecer los criterios para extraer de ese colectivo inicial a los clientes más vulnerables desde el punto de vista financiero.
Por otro lado, el decreto habilita al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) a pagar a los afectados de NCG y CatalunyaBanc por las acciones que reciban a cambio de sus participaciones preferentes, ya que, a diferencia de Bankia, no cotizan.