La Casa del Rey abrió hace dos meses conversaciones con el Gobierno para concretar su sometimiento a la nueva Ley de Transparencia, una iniciativa de La Zarzuela que el Ejecutivo debatirá con los grupos políticos y con la que se le aplicará un régimen similar al de las Cortes o el Poder Judicial.
Fuentes de la Casa del Rey han subrayado que fue esta institución la que pidió hace dos meses someterse a la Ley de Transparencia, un extremo sobre el que no se ha pronunciado el Gobierno, si bien la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado que la Jefatura del Estado ve con «buenos ojos» la iniciativa y ha mostrado la «máxima disposición».
La Casa del Rey, ha precisado Sáenz de Santamaría tras el Consejo de Ministros, «manifestó desde el primer momento su voluntad de encontrar una fórmula para someterse a esa ley», una vez que el Congreso aprobó una resolución a favor de aplicar esta normativa a todas las instituciones.
Tratamiento
Sáenz de Santamaría ha hecho hincapié en que al no ser una administración pública la Casa del Rey tiene que incluirse «de una manera similar o con un tratamiento equivalente» al que tendrán otras instituciones del Estado, en referencia al Parlamento, el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial. A través del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Luis Ayllón, el Gobierno informará la próxima semana del resultado de estas conversaciones a los grupos parlamentarios.
Aunque la vicepresidenta del Ejecutivo no ha concretado cómo se traducirán las «particularidades» que afectan a la Casa del Rey en la nueva norma, que se encuentra en tramitación parlamentaria desde el pasado septiembre, sí ha recalcado que su régimen económico viene determinado en la Constitución, concretamente en su título segundo. «Deberemos ajustar el propio contenido de la Ley de Transparencia a sus propias circunstancias y a lo que la misma Constitución señala en su título segundo», ha puntualizado.
En este contexto, ha querido dejar claro que se trata de encontrar «un sistema» de aplicación de la ley equivalente al que se deberá establecer para las otras instituciones que no son administraciones públicas, como el Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.