El Gobierno tiene previsto cambiar la Ley Hipotecaria con el fin de que solo se produzcan desahucios en el caso de que se hayan producido tres impagos de la hipoteca, en lugar de un solo impago como se exige hasta ahora, según ha anunciado este viernes la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.
De Santamaría ha anunciado estas medidas, que se introducirán vía enmienda al nuevo Decreto Ley, después de conocer la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha determinado que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas.
El Ejecutivo tiene intención de determinar como abusivas algunas cláusulas y eliminarlas del ordenamiento jurídico. En concreto, pretende limitar los intereses de demora. «Se va a introducir una enmienda en el nuevo decreto de ley de manera que se reduzcan los intereses de demora a tres veces el interés legal del dinero. No se podrá pactar un interés de demora por encima de ese interés», ha precisado De Santamaría.
Además, exigirá que las ejecuciones hipotecarias se lleven a cabo sólo si ha habido tres impagos de la hipoteca. En la actualidad, la Ley contempla que la entidad bancaria puede iniciar un procedimiento de ejecución a partir del primer impago.
Acuerdo con la entidad
Fuentes de la Asociación Hipotecaria Española (AHE) han explicado que aunque la Ley prevé que la entidad inicie los trámites cuando se ha producido un impago, en realidad esta exigencia no se hace efectiva, ya que bancos y cajas se ponen en contacto con el cliente con la intención de conocer sus circunstancias y poder llegar a un acuerdo.
«En la realidad, cuando se ha producido un impago, las entidades se ponen en contacto con el cliente para ver por qué no han pagado. La ejecución hipotecaria no es un proceso que favorezca a ninguna de las partes. El cliente pierde la casa y para la entidad resulta un procedimiento costoso. Por eso se suele esperar más tiempo antes de iniciar el procedimiento de ejecución hipotecaria», han detallado.
Pese a que en un principio se pretende hacer estos cambios vía enmienda --de hecho, ya ha ampliado su plazo de admisión--, el Gobierno no descarta aprobar estas medidas por decreto ley, ya que lo que busca es que el proceso se lleve a cabo de la manera más rápida posible. «Vamos a analizar los tiempos de duración de la tramitación parlamentaria. No rechazamos ninguna cosa, cuanto antes hay que resolverlo», ha precisado la vicepresidenta.
Sobre si la eliminación de estas cláusulas tendrá carácter retroactivo, la vicepresidenta ha resaltado que «si son abusivas, son nulas y la nulidad de pleno derecho significa que no pueden formar parte de un contrato». «Se trata de reforzar de qué manera evitamos que se pacten hipotecas o cláusulas como estas», ha argumentado.
Grupo de trabajo
La vicepresidenta ha explicado que tras conocerse el fallo se constituyó un grupo de trabajo compuesto por los principales ministerios con competencias en esta materia, entre los que destacan Economía y Justicia, y en el que se están abordando las reformas concretas que han de ejecutarse para adaptar la normativa española a lo que marca la sentencia del TUE.
De Santamaría ha precisado que pese a que la sentencia no califica como abusivas las cláusulas que en ella se plantean, el Ejecutivo sí quiere aclarar este aspecto y eliminar del ordenamiento aquellas que podrían crear problemas.
Los ministerios también analizan las reformas concretas que hay que llevar a cabo en la Ley de Enjuiciamiento Civil que afectan a los procedimiento hipotecarios, de que manera que se traslade el fallo de la sentencia del TUE.
La vicepresidenta ha manifestado que el Gobierno, que acatará y cumplirá la sentencia, reforzará además la capacidad para detectar cláusulas abusivas y evitar que sean incluidas en las escrituras de hipotecas.
Dación en pago
Por otra parte, Sáenz de Santamaría se ha referido a la dación en pago que aparece en la sentencia del TUE, una fórmula que, ha dicho, ya recoge el derecho español desde hace mucho tiempo pero que, a su juicio, «no evita el problema del lanzamiento». «La dación en pago es dejar las llaves y se da por saldada la deuda, pero el inquilino se queda en la calle», ha apuntado.
Por ello, ha recordado que el Ejecutivo creó un Código de Buenas Prácticas que ahora se va a intentar reforzar para que en determinados supuestos, si se produce la dación en pago, el inquilino no se quede en la calle cuando se trata de casos de máxima necesidad.
Al ser preguntada por si con estos cambios en la normativa el Gobierno estaba haciendo autocrítica, la 'numero dos' del Ejecutivo ha señalado que cuando Mariano Rajoy llegó a La Moncloa se hizo un primer estudio de este asunto y se tomaron una serie de medidas, entre las que figuran el Código de Buenas Prácticas y un decreto ley.
«Los gobiernos tienen que dar respuesta, y si hay que fortalecerlas no pasa nada, es nuestra obligación», ha indicado, al tiempo que ha señalado que «habida cuenta de la continuación de la crisis» se buscó un acuerdo con la oposición en el que el Gobierno planteó alguno de los asuntos que ahora se pretenden adoptar. «No se llegó a un acuerdo y por decreto ley aplicamos las medidas más urgentes, como suspender los desahucios de dos años», ha recordado.
Sáenz de Santamaría ha insistido en que España es «un país que cumple». «Se nos ha venido encima una crisis muy dura y hay gente que ha perdido su empleo y no puede pagar. A la gente que está en situación de necesidad es a la que el Gobierno ha procurado atender», ha concluido.