El Consejo de Ministros ha visto este viernes un segundo informe de Hacienda y Administraciones Públicas sobre la reforma de la administración local, con la que calcula que se ahorrarán 7.129 millones de euros al reducir el sector municipal, limitar el número de concejales con sueldo y reforzar las diputaciones como centrales de servicios locales.
El ministro Cristóbal Montoro ha presentado al Consejo de Ministros este documento, que también ha sido remitido al Consejo de Estado para que haga aportaciones. El ministro ha subrayado la importancia del proyecto y la necesidad de profundizar en las negociaciones en las Cortes, porque el proyecto afecta a la «arquitectura institucional del Estado».
Uno de los objetivos de la reforma es clarificar competencias municipales, pero también reforzar el control financiero y presupuestario sobre los municipios y racionalizar la estructura local, de la que desaparecerán todas aquellas entidades que no cumplan unos mínimos de eficiencia.
Montoro ha aclarado que no desaparecerán ayuntamientos, pero que dejarán de prestar sus competencias cuando no sean eficientes. Ha asegurado que el Gobierno alentará la concentración de servicios en las diputaciones, porque cree que puede generar ahorros, así como la fusión de localidades.
Retribuciones de hasta 6.000 euros
El Gobierno mantiene el anuncio inicial de que los alcaldes de las poblaciones mayores no podrán cobrar más que un secretario de Estado. Montoro ha aclarado hoy sin embargo que este sueldo puede llegar a los cien mil euros (sueldo base más complementos) y que será el límite para los municipios de más de 500.000 habitantes: Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Zaragoza y Valencia.
Por debajo, de 300.000 a 500.000 habitantes, el máximo será de 90.000 euros; de 150.000 a 300.000 vecinos, se cobrará como máximo unos 80.000 euros; por debajo de aquí, por ejemplo, en los de 20.000 a 50.000, unos 65.000 euros; y en los de mil a dos mil, unos 20.000 euros de máximo. Por debajo de esa población, no habrá sueldo.
En cualquier caso, en el informe se remite a los Presupuestos Generales del Estado de cada año el límite máximo total que pueden percibir los miembros de las corporaciones locales por todos los conceptos retributivos, según criterios de población.
Montoro ha explicado que el Gobierno finalmente no reducirá el número de concejales, sino el de aquellos con retribución, una opción que «ahorra mucho más». El objetivo, ha dicho, es impulsar la participación en política «y si esa participación es voluntaria, mejor».
Así, de los 68.285 concejales, 12.188 (el 18 por ciento) podrá tener dedicación exclusiva y cobrar. En Madrid podrán cobrar 45 (son 57) y en Barcelona, 32 (son 41). De 700.000 a un millón, serán 25 los concejales con retribución, y de ahí hacia abajo. Por ejemplo, de 50.000 a 100.000 vecinos, cobrarán 15 ediles; y de 10.000 a 15.000 habitantes, lo harán 5.
También se limitarán los sueldos de los presidentes de diputación, que podrán cobrar como máximo, incluidos todos los conceptos retributivos y la asistencia, lo que el alcalde de la corporación más poblada de su provincia.
Menos personal eventual
Montoro ha querido subrayar otra de las medidas previstas. Se reducirá el número de contratados eventuales que puede tener un municipio, el personal que entra y sale de los ayuntamientos generalmente con el cambio de gobierno local.
Ahora, se reduce a 6.489 el número total de asesores. En los ayuntamientos mayores de 500.000 habitantes, no podrán superar el equivalente al 0,7 por ciento de la plantilla municipal; en los de 75.000 a 500.000, no podrán haber más asesores que concejales; en los de 50.000 a 75.000, no más que la mitad de los concejales y por debajo de estas poblaciones, sólo se podrá contratar a 7, dos o un asesor (pueblos de 5.000 a 10.000 vecinos).
En las diputaciones, consejos y cabildos insulares el personal eventual no podrá superar la mitad del número de diputados o miembros electos. En el resto de entidades locales, o de sus organismos dependientes, no habrá personal eventual.
Además, los Presupuestos Generales del Estado limitarán también las retribuciones del personal público de la Administración Local y los sueldos de los directivos de empresas públicas locales. La intención es evitar las enormes diferencias actuales, ha dicho Montoro.
Competencias financiadas
La reforma define con precisión la lista de competencias que deben ser desarrolladas por la administración local; tendrán unas competencias obligatorias y unos servicios mínimos que prestar no podrán ofrecer otros añadidos hasta que aquellos no estén garantizadas.
Se busca así que desaparezcan las llamadas competencias impropias, aquellas que han venido ejerciendo los ayuntamientos pese a ser de titularidad autonómica. La pretensión del Gobierno es que si una comunidad quiere que los ayuntamientos presenten un servicio que le compete, deberá garantizar su financiación, a riesgo de que Hacienda les reste la cantidad impagada de su participación en los ingresos del Estado. Para no llegar a este extremo, se permite por primera vez, la compensación de deudas pendientes entre administraciones.
En el informe se fija que las competencias de Educación y Sanidad serán exclusivas de las comunidades, aunque se les da un periodo transitorio de cinco años para el cambio progresivo de titularidad de las competencias. En el caso de los servicios sociales, el periodo transitorio será de un año.
Otro de los objetivos del Gobierno es establecer además un coste estándar de los servicios municipales y comparar todos los que prestan los municipios. Los resultados obligarán a que se dejen de prestar servicios ineficientes o a que estos sean ejercidos por las diputaciones si se trata de ayuntamientos menores de 20.000 habitantes. En el caso de los municipios mayores, podrán ceder esa competencia voluntariamente o delegarla a la CCAA.
Menos entidades y más control
Las mancomunidades y las entidades locales menores se someterán al mismo proceso de evaluación. Si no lo superan, serán disueltas. Los servicios de las mancomunidades pasarán a depender de las Diputaciones, mientras que los de las entidades locales menores dependerán de los municipios.
Asimismo, se revisa en profundidad el sector público local y sus organismos dependientes para reducir su número. Los Ayuntamientos no podrán crear ningún organismo nuevo mientras tengan vigente un plan de ajuste y deberán sanear las empresas dependientes o liquidarlas.
En el plazo de tres meses, entidades menores y mancomunidades deberán presentar sus cuentas ante los organismos correspondientes del Estado y la Comunidad Autónoma respectiva para no incurrir en causa de disolución. Igualmente, se someterán a la evaluación de sus servicios.
Otro importante aspecto de esta reforma es el que refuerza la función interventora en las entidades locales y se habilita al Gobierno para establecer las normas sobre los procedimientos de control. Montoro ha explicado que se busca un control «más riguroso» del que se ha tenido en los últimos años.
Ahorros previstos
El Gobierno calcula que la reforma de la administración local que está preparando puede suponer un ahorro de 7.129 millones de euros, 5.500 de los cuales serán fruto de la clarificación de competencias y de la eliminación de duplicidades, es decir, de evitar que dos administraciones presenten un servicio.
Se calcula además un ahorro de 73 millones por la desaparición de mancomunidades y entidades locales menores, aquellas que no cumplan unos mínimos de eficiencia y calidad. Otros 145 millones de ahorro procederán de la reducción de personal eventual y de cargos locales y otros 1.397 millones, por la limitación del sector público local.