El Gobierno ha aprobado solicitar al Consejo de Estado el informe previo para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la declaración del Parlament que define a Catalunya como un «sujeto político y jurídico soberano», tras obtener el informe «favorable» de la Abogacía de Estado.
Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha informado de que el Gobierno ha recibido ya el informe de la Abogacía del Estado «favorable» a la impugnación de la declaración aprobada el pasado 23 de enero.
La vicepresidenta ha explicado que el informe encargado por el Gobierno a la Abogacía del Estado concluye que dicha declaración en la que el Parlament apela a la soberanía de Catalunya vulnera los artículos 1.2, 2, 9 y 168 de la Constitución Española.
Sáenz de Santamaría ha indicado además que la Abogacía del Estado ha fundamentado «muy rigurosamente» que la declaración catalana sí que es recurrible ante el Tribunal Constitucional dado que, a diferencia del plan Ibarretxe -que era un «mero trámite»-, la decisión del Parlament es una «resolución» que supone la apertura de un proceso más amplio.
Efectos jurídicos
El informe de la Abogacía precisa que el texto catalán puede llevarse al Constitucional dado que la declaración tiene «efectos jurídicos» y «busca dirigir la actuación de los poderes de Catalunya hacia un fin de naturaleza claramente inconstitucional», como es que la soberanía resida en el pueblo catalán y no en el español.
Tras obtener el informe de la Abogacía del Estado, el Gobierno considera que tiene un «elemento a favor» para presentar el recurso, y con ese objetivo reclama ahora la posición del Consejo de Estado, dando así el paso previo a la presentación del recurso ante el Alto Tribunal.