La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Pablo Ruz, que investiga el caso Gürtel en la Audiencia Nacional, que pregunte a la Agencia Tributaria si los veintiún imputados en esta causa por delitos fiscales se han acogido a la llamada amnistía fiscal, entre ellos Francisco Correa.
En un escrito conocido hoy, el fiscal pide al juez que, a la luz de que el imputado Alfonso García Pozuelo (expropietario de Constructora Hispánica) haya reconocido que se acogió a la declaración tributaria especial, investigue qué otros de los imputados en delito fiscal en el caso Gürtel hayan podido hacerlo.
Entre aquellos sobre quienes debería informar, según el fiscal, la Agencia Tributaria, figuran Francisco Correa y Pablo Crespo, principales implicados en la causa y líderes de la supuesta trama de corrupción.
En la lista figuran también los ex diputados regionales de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo y Alfonso Bosch, ambos del PP, también sospechosos de haber recibido pagos de la trama.
Figura en la lista también Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo y exmarido de la actual ministra de Sanidad, Ana Mato. El juez ha citado para el próximo día 13 a Sepúlveda, a petición del fiscal del caso.
El fiscal considera que Sepúlveda podría haber recibido «cuantiosas dádivas procedentes del entorno de Francisco Correa bien en efectivo o bien en forma de viajes, coches u otros regalos, al menos desde el año 2000 y hasta el año 2005».
La esposa de Correa, María del Carmen Rodríguez, figura en la lista junto a empresarios y expolíticos del PP: Benjamín Martín Vasco; José Luis Ulibarri; Arturo González Panero; Guillermo Ortega; Ginés López Rodríguez; César Tomás Martín; José Galeote; Rosalía Iglesias; Jesús Merino; Fernando Martín; Elena Villaroya; Manuel Salinas y Amando Mayo.
El escrito solicita que se requiera a la Agencia Tributaria las posibles declaraciones tributarias especiales de estas personas o complementarias sustitutivas de las ya presentadas en relación con los impuestos correspondientes a los ejercicios 2003 y siguientes.
Todo ello «sin perjuicio de la valoración jurídico penal que de tales eventuales actuaciones tributarias proceda realizar», añade.