Asociaciones de afectados por los casos de niños robados de toda España pidieron ayer en Madrid que la Justicia siga investigando las denuncias, incluso las archivadas «de forma precipitada» y que esta causa no acabe por el reciente fallecimiento de la monja imputada conocida como sor María.
«Hay sor Marías en toda España», «Con sor María esto no se acaba», «Queremos ver a la monja porque no está muerta», fueron algunas de las frases coreadas por varios cientos de afectados que, a mediodía de ayer, emprendieron una manifestación desde la sede de la Fiscalía General del Estado –donde realizaron una gran pitada–, hasta la Puerta del Sol.
«Pedimos celeridad en el proceso y que el Gobierno no ralentice la causa para que se mueran todos los imputados», destacó el presidente de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), Antonio Barroso, que explicó que la convocatoria respondía al segundo aniversario de la presentación de la denuncia conjunta ante la Fiscalía General del Estado.
Además de Anadir, miembros de la Asociación ADN-D, de Bebés Robados y afectados particulares se lamentaron de que «el tiempo corre en su contra» y de que de las 1.800 denuncias presentadas las fiscalías se hayan archivado el 70 por ciento por prescripción del delito y falta de pruebas.
Retrasos
«Nos da la sensación de que el Gobierno quiere retrasar la investigación el máximo de tiempo posible para que se muera la mayor gente posible que esté implicada y no lo vamos a permitir, vamos a seguir luchando», dijo.
Otro de los eslóganes coreados fue «Toxicología nos engaña» porque, según Barroso, el Gobierno va a unificar todas las pruebas en un mismo banco de ADN, y ellos no se fían porque hay «contradicciones» en los resultados de algunos casos respecto a las mismas pruebas hechas en centros privados.
Eduardo Raya, de ADN-D, fue el encargado de leer el manifiesto en el que se subrayó que «no hay voluntad política para que aflore la verdad» y se ha pedido que las autoridades «dejen de mentir y actúen» para que este caso no se convierta «en un Watergate pero con delitos mucho más graves».