Tres suicidios más el de hoy, miles de familias en la calle tras ser desahuciadas y otras tantas amenazadas de perder sus casas por no pagar la hipoteca o el alquiler representan la cara más amarga de la crisis en 2012, un drama social que ha hecho reaccionar -aunque tarde para muchos- a políticos y banqueros.
La presión de la calle y la actuación de las plataformas sociales hicieron que en noviembre, tras el suicidio de una mujer en Barakaldo cuando iba a ser desalojada de su piso, el Gobierno de Mariano Rajoy y el PSOE se sentaran a negociar para acelerar la búsqueda de una solución a un problema para el que los ciudadanos exigían y siguen exigiendo un punto y final.
Hace unos años parecía un problema aislado y ahora es una de las mayores inquietudes de la ciudadanía, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
No es para menos: en el primer semestre de 2012 se llevaron a cabo 48.213 ejecuciones hipotecarias, paso previo al desahucio, un 14,1 % más que en el mismo periodo del año pasado, según la Asociación Hipotecaria Española (AHE).
En 2011 se realizaron 77.854 ejecuciones hipotecarias, en 2010 otras 93.636 y desde 2007 ha habido en España casi 400.000 casos.
La mayoría de los afectados han sido trabajadores que se habían quedado sin empleo y no podían hacer frente a los préstamos contraídos con los bancos para adquirir una casa.
Esta situación se ha agravado desde 2007 por la crisis financiera y el aumento del paro, pero ha cobrado notoriedad mediática este año con la actuación de plataformas ciudadanas que, movilizadas a través de internet, se presentaban en el domicilio del afectado en el momento de llevarse a cabo el desahucio y lo impedían.
La concienciación social llegó al máximo cuando, a finales de año, se conoció que varias personas afectadas por los desahucios se habían suicidado por esta causa.
El 25 de octubre, José Miguel Domingo, de 53 años, fue hallado muerto en el patio interior de su domicilio, en Granada, horas antes de ser desahuciado de su vivienda.
Al día siguiente, un hombre de 53 años que llevaba en paro cuatro años se lanzó por la ventana de su casa en Burjassot (Valencia) cuando iba a ser desalojado, resultando herido.
El caso de más impacto y que provocó que se aceleraran las gestiones para parar este drama social ocurrió el 9 de noviembre cuando Amaia Egaña, de 53 años y antigua edil socialista en Eibar (Gipuzkoa), se suicidó minutos antes de que una comisión judicial le fuera a notificar el desahucio de su vivienda en Barakaldo.
El 28 de noviembre, un hombre de 59 años, que se encontraba en proceso de desahucio por impago del alquiler, se suicidó en Santesteban (Navarra).
Fue ese 9 de noviembre, el día en que se suicidó la exedil socialista, cuando representantes del Ministerio de la Presidencia y de Economía decidieron adelantar los contactos para ultimar una propuesta encaminada a evitar desahucios.
Seis días después, el 15 de noviembre, y pese a no haber llegado a un acuerdo con el PSOE, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley de protección de los deudores hipotecarios que establecía la paralización de los desahucios durante dos años y un mandato al Gobierno para crear un «fondo social de viviendas», que podrán ser alquiladas por las personas desalojadas.
Pueden acogerse a la suspensión de una ejecución hipotecaria los colectivos sociales desfavorecidos que tengan unos niveles de renta determinados.
La medida, sin efectos retroactivos, beneficiará a familias numerosas, monoparentales con hijos, con menores de tres años a su cargo, con personas con una discapacidad superior al 33 % o en situación de dependencia o enfermedad que impida trabajar, o que hayan sufrido violencia de género.
También podrán acogerse deudores en paro y que hayan agotado la prestación por desempleo, y los casos en los que convivan con el deudor personas con discapacidad, dependencia, o enfermedad grave.
Las medidas aprobadas por el Ejecutivo no atienden, sin embargo, a la propuesta de dación en pago promovida, entre otros, por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que con 600.000 firmas había pedido la reforma de la Ley Hipotecaria y su tramitación como iniciativa popular en el Congreso.
También en noviembre, la Asociación Española de la Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), las dos patronales del sector financiero, anunciaron una moratoria en los desahucios a la espera de que el Gobierno y el PSOE puedan cerrar un pacto de reforma de la legislación de ejecuciones hipotecarias.
Los jueces también han contribuido a que el Gobierno afrontara el problema: desde sentencias que obligaban a los bancos a devolver las viviendas a los desalojados hasta informes críticos con la actual ley hipotecaria, tal y como ha hecho el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Los ayuntamientos han ayudado a algunos ciudadanos y es que, con las puertas cerradas de los bancos y la imposibilidad de acceder a los grandes centros de decisión política, muchos afectados han decidido acudir a esa administración, que les ha dado asesoramiento y hasta han conseguido frenar actuaciones de la policía local.
Han sido muchas las voces que han puesto en duda la efectividad de esas nuevas medidas aprobadas por el PP debido a los requisitos que deben cumplir los beneficiarios.
Desde «Stop Desahucios» afirman que es «completamente absurdo» que las nuevas medidas se apliquen sólo en unos determinados casos de vulnerabilidad y, en el ámbito de la justicia, la Asociación Profesional de la Magistratura las aplaudió, pero las consideró «insuficientes», al igual que Jueces para la Democracia, que criticó que el Gobierno no apueste por cambios estructurales.
No son suficientes tampoco para la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que propone más soluciones como la creación de un concepto jurídico denominado «deudor de buena fe» y la puesta en marcha de un fondo social de viviendas para personas desalojadas.