La fianza penal de 50 millones de euros impuesta hoy al por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco para eludir la prisión al propietario de Marsans y Nueva Rumasa, Ángel de Cabo, es la más elevada de la historia judicial española.
Los 30 millones requeridos también hoy al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán para no ingresar en prisión se han convertido en la segunda mayor cantidad establecida por los tribunales españoles como garantía para no ingresar en prisión, puesto que comparte junto a la aplicada en su día al financiero Javier de la Rosa.
En junio de 1999 la Audiencia Nacional impuso a De la Rosa una fianza de 5.000 millones de pesetas (30 millones de euros) en relación con el «caso Torras», si bien siete meses después la rebajó a 500 millones de pesetas (3 millones de euros).
Otra de las fianzas de mayor cuantía es la de 15 millones de euros impuesta a Francisco Correa, supuesto responsable de la «trama Gürtel», quien abandonó la cárcel un año después, cuando fue rebajada a 200.000 euros.
La misma cantidad, 15 millones de euros, fue fijada, también en junio de 2011, al empresario Husein Salem en la causa en la que se tramita la petición de extradición cursada por Egipto por sus vínculos con el expresidente de ese país Hosni Mubarak.
Sólo unas horas después otro magistrado de la Audiencia Nacional fijó una segunda fianza de 12 millones de euros para Salem en relación con otro proceso.
Entre las fianzas penales más cuantiosas también está la impuesta al exbanquero Mario Conde por el «caso Banesto» el 30 de enero de 1995, que se elevó a 2.000 millones de pesetas (12 millones de euros).
Parecida cantidad desembolsaron los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer para eludir la cárcel por el «caso Urbanor» el 23 de marzo de 1998, 2.040 millones de pesetas cada uno (12,24 millones de euros).
El siguiente en la lista de fianzas millonarias es el traficante de armas sirio Monzer Al Kassar, a quien en 1993 la Audiencia Nacional exigió para abandonar la cárcel mil millones de pesetas (seis millones de euros).
El expresidente de Baleares Jaume Matas pagó 3 millones de euros para eludir la prisión por el «caso Palma Arena» en 2010, la misma fianza que la Justicia impuso al exasesor urbanístico del ayuntamiento de Marbella Antonio Roca (2008); al propietario de la agencia de valores Gescartera, Antonio Camacho (2003) y al capitán del buque «Prestige», Apostolus Maguras (2002).