El Gobierno y la Generalitat de Catalunya han protagonizado un desencuentro a propósito del tratamiento del catalán en la propuesta de la nueva reforma educativa, que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, volverá a debatir con los consejeros autonómicos. La consejera catalana de Educación en funciones, Irene Rigau, ha abandonado la conferencia sectorial presidida por Wert antes de que terminara por considerar «inadmisible» que el borrador de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) pretenda restringir la enseñanza en catalán.
Rigau ha explicado que su abandono de la reunión se debe a que no quiere que se entienda que Catalunya ha participado en la negociación de ese texto.
No obstante, Wert ha asegurado que no hay ningún elemento en el anteproyecto que minusvalore la importancia curricular del catalán y que es «rotundamente falso» un ataque a la escuela catalana. «Ni se disminuye un ápice el uso del catalán -tal y como establecen las sentencias del Constitucional y el Supremo- ni se entra en ningún elemento de minusvaloración y se establece paridad con la lengua castellana», según Wert.
Rigau, por su parte, ha denominado como «cheque lingüístico escolar» que las CCAA tengan que pagar, según el borrador, un centro privado que enseñe en castellano cuando no haya oferta docente pública y concertada para los alumnos que deseen ser escolarizados en español.
Esto «contradice totalmente el Estatuto de Catalunya y la Ley autonómica de Educación», ha asegurado Rigau. Rigau ha amenazado con acudir al Tribunal Constitucional si se aprueba así.