La policía detuvo ayer al expresidente de la CEOE y cofundador de Marsans Gerardo Díaz Ferrán, al actual dueño del grupo turístico, Ángel de Cabo, y a su entorno por un presunto delito de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales a raíz de una denuncia presentada por varias empresas del sector.
En el marco de la ‘operación Crucero', que continúa abierta, se ha detenido también a Iván Losada, exdirector general de Marsans y mano derecha de De Cabo; a su cuñado, Teodoro Garrido; a su secretaria, Susana Mora; a dos supuestos testaferros, Rafael Toro y Antonio García Escribano, así como a otras dos personas vinculadas al también dueño de Nueva Rumasa, Carmelo José Estéllez y José Pardo Manrique.
Díaz Ferrán, que fue detenido en su casa de Madrid, pasará a disposición judicial previsiblemente hoy.
La policía encontró en la casa de Díaz Ferrán 150.000 euros en metálico y un kilo de oro, mientras que en la de De Cabo se ha hallado un millón de euros.
La Dirección General de la Policía no descarta nuevos arrestos dentro de la investigación que dirige el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional a consecuencia de la denuncia.
En consecuencia, el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que mantiene secreta esta causa, ha imputado a Díaz Ferrán y a De Cabo los delitos de blanqueo de capitales, alzamiento de bienes e insolvencia punible.
Además, la Audiencia Nacional ordenó el bloqueo de una cuenta en Suiza con unos fondos por valor de 4,9 millones a nombre de Ángel de Cabo, que supuestamente provenían de una empresa irlandesa del grupo Marsans.
Tras conocerse las detenciones, UGT ha exigido responsabilidades «a todos los niveles políticos», y en especial al expresidente de la patronal de empresarios, por la quiebra del grupo turístico, en tanto que IU cree que aún queda «mucha» gente por sentarse en el banquillo.