Catalunya, Murcia y Castilla-La Mancha están estudiando las condiciones del fondo de liquidez diseñado por el Gobierno para las comunidades autónomas, al que hasta el momento sólo ha pedido oficialmente ayuda la Comunidad Valenciana. En cambio, Galicia avanzó ayer que «no va a pedir ningún tipo de rescate» y no acudirá al fondo, en línea con la postura adoptada durante esta semana por otros gobiernos autonómicos, como los de Canarias, Extremadura y Castilla y León.
Hasta el momento, sólo la Comunidad Valenciana ha confirmado su petición de adhesión al fondo para poder hacer frente a los vencimientos de deuda que tiene este año, unos 3.400 millones de euros, aunque no ha especificado la cantidad concreta que pedirá. Este fondo, de carácter temporal y voluntario y con una dotación de 18.000 millones de euros, fue creado por el Gobierno para poder ayudar a las comunidades con dificultades para poder acceder a los mercados de financiación.
Negación
La primera comunidad que reconoció que el Ministerio de Hacienda chequearía sus cuentas fue Murcia, que ayer negó «rotundamente» ninguna decisión relativa a solicitar el fondo de liquidez. El Gobierno murciano se expresó en estos términos después de la publicación de una entrevista en «La Opinión de Murcia» del presidente autonómico, Ramón Luis Valcárcel, en la que decía que se iba a acoger a este fondo y pediría entre 200 y 300 millones de euros.
Según explicó posteriormente en un comunicado el Ejecutivo murciano, el presidente se refería a su propuesta de los «hispanobonos» y no al mecanismo del Gobierno central. Murcia ha insistido, respecto a esta ayuda, que «lo está estudiando» como ha manifestado reiteradamente, pero que «no hay ninguna decisión al respecto».
Por su parte, Catalunya está estudiando las condiciones previstas para decidir si se acoge a este mecanismo, puesto en marcha después de que el Gobierno negase la posibilidad de crear los llamados «hispabonos», según el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell. El responsable económico catalán ha asegurado no obstante en una entrevista en el diario italiano «La Repubblica» que su comunidad está lejos de «una intervención en base a la Ley de Estabilidad».
Catalunya es una de las comunidades autónomas a las que el Ministerio de Hacienda ha sacado tarjeta amarilla por las dudas que hay de que puedan cumplir con el objetivo de déficit (1,5 % del PIB para este año).