El presidente del Poder Judicial, Carlos Dívar, dimitirá el próximo jueves ante la «pérdida de confianza» mayoritaria por parte de los vocales, que han aceptado esperar hasta ese día, una vez pasados los actos de conmemoración del bicentenario del Tribunal Supremo, para que se haga efectiva la renuncia.
La solución de compromiso se ha alcanzado en el pleno extraordinario que Dívar se vio forzado a convocar a instancias de cinco vocales del CGPJ y en el que, en lugar de votarse las propuestas de dimisión o cese, se ha adoptado por unanimidad un acuerdo que refleja que el «sentido mayoritario» de «pérdida de confianza» en éste.
Dívar, en respuesta a ese sentimiento mayoritario, ha manifestado que comparte que la situación creada por la polémica por los gastos derivados de sus viajes cargados a los presupuestos del Consejo «es insostenible».
«Está bastante claro lo que quiero decir, y la próxima semana anunciaré una postura rotunda y contundente», ha señalado Dívar, según el texto del acuerdo difundido por el propio órgano de gobierno de los jueces.
Ante estas palabras, que vocales de todos los sectores consultados por Efe interpretan inequívocamente como un compromiso en firme para dimitir, el pleno ha acordado trasladar a la sesión extraordinaria convocada por el propio Dívar para el próximo jueves el debate y la votación de las propuestas que reclamaban su dimisión o pedían su cese.
Esta última fue planteada en solitario por el vocal José Manuel Gómez Benítez, cuya denuncia contra Dívar por malversación ante la Fiscalía desencadenó la crisis.
No obstante, nadie en el Consejo cree que esas peticiones lleguen a votarse el próximo jueves, ya que esperan que Dívar anuncie al inicio del pleno su dimisión.
Quienes proponían esa renuncia, los progresistas Margarita Robles, Féliz Azón, Inmaculada Montalbán y Carles Cruz, así como Margarita Uría, elegida a propuesta del PNV, han emitido hoy un voto particular en el que, aun habiendo respaldado la solución adoptada, consideran que la dimisión se debería haber materializado «en el día de hoy».
Al comienzo del pleno, los cuatro primeros habían explicitado sus razones leyendo un texto en el que señalaban que «la mínima demora» en la dimisión del presidente «impide la recuperación de la confianza social en la Justicia».
Tras la lectura de este escrito, catorce de los veinte vocales -veintiuno con Dívar- que componen el CGPJ han intervenido en el pleno para exteriorizar su pérdida de confianza en su presidente.
Éste, no obstante, ya había conocido antes del inicio de la sesión extraordinaria la postura de algunos de ellos, con los que ha mantenido varias reuniones por separado.
En una de ellas se ha entrevistado, según las fuentes consultadas, con los vocales que pertenecen a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial y de carácter conservador, que han trasladado a Dívar la postura ya expresada públicamente por miembros de la asociación en los últimos días de que su marcha sería «un desahogo».
Ha sido en ese momento, según algunas fuentes, cuando el presidente ha asumido que su dimisión era inevitable, aunque otros miembros del Consejo señalan que ya tenía una decisión tomada antes de hoy.
Dívar, sin embargo, sí ha logrado arrancar a los vocales una «prórroga» que le permitirá inaugurar el próximo lunes junto al rey los actos conmemorativos del bicentenario del Tribunal Supremo, órgano que también preside.
Si su renuncia se hubiera producido hoy, se habría creado una situación incómoda ante la celebración de esos actos, en los que tiene previsto pronunciar un discurso, hasta el punto de que fuentes del Gobierno consultadas por Efe han alabado la «responsabilidad» de los miembros del CGPJ «al optar por la estabilidad de la institución en este momento».
El escándalo por los gastos viajes de los viajes de fin de semana realizados por Dívar en los últimos cuatro años cargados al presupuesto del CGPJ estalló el pasado 8 de mayo, cuando Gómez Benítez le denunció por malversación.
Aunque la Fiscalía archivó la denuncia al estimar que los hechos no constituían delito y el Tribunal Supremo decidió no admitir a trámite una querella que la asociación Preeminencia del Derecho presentó por los mismos hechos, la polémica no ha decrecido y ha dañado la imagen del Consejo General del Poder Judicial.
El propio Dívar, en la única comparecencia ante los medios ofrecida desde que estalló la crisis, admitió el pasado 31 de mayo el «quebranto» ocasionado al Poder Judicial y a la carrera judicial en general, aunque mantuvo que no había cometido ninguna irregularidad «jurídica, moral o política» y no pidió disculpas.