La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha justificado los «sacrificios» que conlleva la reforma sanitaria aprobada ayer por el Gobierno en que permitirán a este servicio público «salir de este tiempo de crisis económica» y permanecer «en el futuro».
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto Ley que permitirá un ahorro de más de 7.000 millones de euros en gasto sanitario, con el objetivo de garantizar la «sostenibilidad» y «universalidad» de la Sanidad pública y, al mismo tiempo, poner fin a los «abusos» en sus prestaciones, aunque la reforma deja fuera del sistema sanitario público español a los 'sin papeles'.
Copago
Entre las medidas aprobadas destaca el «copago» farmacéutico en función de la renta de los ciudadanos, incluidos los pensionistas que, con carácter general, pagarán el 10% del precio de las medicinas con un tope de entre 8 y 18 euros, y del que estarán exentos los titulares de pensiones no contributivas y los parados sin prestación. Mato ha señalado, en las rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno, que además de garantizar la universalidad de la Sanidad para «todos los españoles» es necesario poner coto a la utilización «ilegal» e «indebida» que hacen algunos extranjeros de este servicio.
La ministra ha anunciado que el Gobierno modificará la Ley de Extranjería, de modo que se exigirá como requisito a los inmigrantes que además de estar empadronados coticen a la Seguridad Social, al igual que cualquier ciudadano español para recibir esta asistencia y, por tanto, pagar sus impuerstos. La reforma incluye el control del denominado «turismo sanitario» y «fraudulento», mediante la adaptación de una normativa europea que subsanará un error por el que no se pudo facturar a su país de origen la atención de unos 700.000 extranjeros al año, lo que ocasionó un gasto anual de 917 millones.
Para ello, se añadirá un artículo que faltaba en la trasposición de esta directiva, que impedirá el traslado a España con motivos exclusivamente sanitarios de los ciudadanos comunitarios. La titular de Sanidad ha anunciado que se van a revisar algunos convenios internacionales en esta materia, ya que «muchos» países no reintegran el dinero que deben a España por la atención sanitaria a sus ciudadanos.