El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció ayer que el plan antifraude que aprobará mañana el Consejo de Ministros incluirá la limitación de las operaciones en efectivo a partir de 2.500 euros «en las que intervenga un empresario profesional». Quienes incumplan dicha prohibición se enfrentarán a multas del 25% del valor del pago.
Rajoy avanzó esta medida durante la sesión de control en el Congreso en respuesta a una pregunta del portavoz de la Izquierda Plural, Cayo Lara, sobre la amnistía fiscal.
Al respecto, el presidente matizó que no se trata de una amnistía total, puesto que las rentas que afloren pagarán un gravamen del 8% o del 10%, y defendió que esta medida «tiene sentido en la situación actual».
Déficit público
Insistió en que es una «medida excepcional», que sólo tendrá efectos en 2012 y que responde a un momento en que España necesita reducir el déficit público hasta el 3% del PIB en 2013, razón por la que resulta «muy importante» mejorar los ingresos del Estado.
«Hemos subido algunos impuestos -hemos intentado hacerlo de manera justa y equitativa-, hemos recortado gasto público y en esta situación no queríamos subir más los impuestos y por eso esta medida tiene sentido», explicó.
Aseguró que es un procedimiento recomendado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) e hizo hincapié en que estará acompañado de un plan de lucha contra el fraude fiscal que será aprobado mañana viernes.
Asimismo, recordó que en España se han adoptado medidas similares en 1977, 1984 y 1991, y recalcó que en aquellas ocasiones sí fueron amnistías fiscales porque las rentas que se regularizaron no pagaron nada.
Por su parte, Cayo Lara dijo ser consciente de la gravedad de la coyuntura económica, pero rechazó una medida que considera injusta, antisocial y premia el fraude.