El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha expresado hoy su respeto a la huelga general convocada para el próximo jueves contra la reforma laboral, pero ha subrayado que no va a servir para solucionar los problemas de España y que el Ejecutivo va a seguir con su obligación de gobernar.
Rajoy se ha referido a esa convocatoria de huelga general en la rueda de prensa que ha ofrecido en Seúl con motivo de la cumbre de seguridad nuclear, al ser preguntado si la protesta influirá en el contenido final de la reforma laboral.
El jefe del Ejecutivo ha recalcado que los sindicatos tienen el derecho, amparado por la Constitución, a convocar la huelga.
No obstante, ha insistido en que esa protesta no solucionará los problemas del país y que el Gobierno va a continuar con reformas que considera imprescindibles para la recuperación económica y la creación de empleo.
«Los sindicatos tienen derecho a convocar la huelga y el Gobierno tiene la obligación de seguir haciendo aquello que crea mejor para el interés general», ha señalado antes de expresar su deseo de que quien quiera trabajar el próximo jueves pueda hacerlo.
A su juicio, la reforma del mercado de trabajo va a servir, «en su momento», para crear empleo, y supone una modernización de las relaciones laborales.
Rajoy ha asegurado que él se ha dirigido con franqueza a los españoles para explicarles la situación económica y que va a seguir adoptando decisiones para hacer frente a la misma, aunque muchas de ellas sean difíciles y no conlleven efectos a corto plazo.
«Si lo hacemos, España sentará las bases para el futuro, y eso es lo que estamos haciendo», ha reiterado el presidente del Gobierno, quien, al hacer balance de sus cien primeros días al frente del Ejecutivo, ha recordado que nunca en ese periodo de tiempo se habían hecho tantas reformas en España.
«Probablemente, por eso reciba una huelga general», ha asumido Rajoy antes de insistir en que lo peor para España sería no hacer nada, que sería una irresponsabilidad.
De ahí, que vaya a mantener el rumbo «respetando a las personas que no compartan el planteamiento general o alguna de las decisiones concretas que pueda adoptar el Gobierno».