La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, avanzó ayer que hasta la fecha cerca de 5.000 ayuntamientos han presentado 1.931.976 facturas pendientes de pago con proveedores, por importe de 9.584 millones de euros.
«Esta ha sido una medida histórica y única, no porque no se haya hecho nunca sino porque no se va a hacer nunca más», dijo, antes de añadir que las administraciones públicas deben ser «creíbles» y «pagar lo que deben. El Estado ha hecho un esfuerzo, pero punto y final».
Advertencia
A partir de ahora, Sáenz de Santamaría dijo que las corporaciones locales deberán regirse por un «plan de ajuste, ley de estabilidad presupuestaria y un código de buen gobierno con responsabilidad administrativa e incluso penal» para los gestores que pongan a las administraciones en dificultades de viabilidad.
La vicepresidenta insistió en que los datos facilitados «son provisionales» porque acaban de llegar al Ministerio de Hacienda y pidió «absoluta prudencia» en el manejo de los mismos.
Antes de avanzar las cifras, la vicepresidenta pidió a los ayuntamientos que «cumplan de una vez y por todas» con los planes de ajuste para que no se vuelvan a producir situaciones como la actual, en relación a la deuda millonaria que las corporaciones tienen con los proveedores.
Sáenz de Santamaría justificó la provisionalidad de las cifras en que el volumen de las facturas presentado «es muy grande, se está revisando», y hay un procedimiento en curso, en el que los proveedores podrán solicitar la inclusión de determinadas cifras.
El jueves finalizó el plazo para que los ayuntamientos presentaran al Ministerio de Hacienda la relación de las facturas pendientes y afrontar así el plan de viabilidad, que entrará en vigor en mayo.
Sáenz de Santamaría puso el acento en que del listado de facturas presentadas por los ayuntamientos «dos terceras partes» corresponden a pymes (hasta 25 trabajadores) y autónomos.