El Govern catalán estudia la posibilidad de incorporar vigilantes de seguridad privada a tareas policiales como la vigilancia del perímetro de las prisiones, de las zonas rurales y de apoyo en controles de tráfico y eventos deportivos.
El conseller d'Interior, Felip Puig, abogó ayer por abrir un debate y un período de reflexión, aunque recordó que las funciones complementarias de las empresas de seguridad privada no compensarán la necesidad de más efectivos policiales, unos 2.000 o 3.000 policías autonómicos más, según cifró.
Criterios de excelencia
«Tenemos empresas de seguridad privada vigilando instalaciones de la policía y del Ministerio de Defensa», planteó Puig durante una jornada sobre seguridad privada en el Instituto de Seguridad Pública de Catalunya (ISPC), donde defendió que esta incorporación se debe hacer bajo criterios de excelencia, lo que conlleva formación y profesionalidad.
En este sentido, la Conselleria tiene previsto desarrollar un código de buenas prácticas para este sector, para que pueda ser considerado y reconocido como autoridad en su colaboración con la Administración pública.