La juez Mercedes Alaya envió ayer de madrugada a prisión al ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, al estimar que otorgó 617 ayudas sociolaborales y 270 ayudas directas a empresas fraudulentamente, que la Fiscalía Anticorrupción calcula por un importe en 933 millones de euros.
En un auto de prisión de 38 folios, la juez hace un resumen de lo investigado hasta ahora y afirma que Guerrero, «en connivencia con otros», otorgó esa serie de ayudas «de manera manifiestamente injusta y arbitraria» para «favorecer a familiares, amigos o personas próximas» a su entorno o al de «altos cargos de la Junta de Andalucía o del PSOE».
Agravio
Todo ello «permitió el enriquecimiento injusto de unos pocos en detrimento del resto de los ciudadanos de la comunidad autónoma andaluza», dice Alaya, que enumera entre otros los 50 millones de euros que recibieron empresas de la sierra norte de Sevilla, creando un «enorme agravio comparativo» con respecto al resto de la comunidad.
Las compañías de Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, recibieron más de 9 millones, aunque «el desarrollo de la investigación puede desvelar más ayudas directas recibidas» tanto en este grupo empresarial como en otros, añade la juez.
La Fiscalía Anticorrupción pidió prisión para Guerrero alegando que la pena que puede corresponderle supera los 18 años de cárcel y solicitó, además, la imposición de una fianza de 933 millones de euros, importe de lo malversado, aspecto sobre el que la juez se pronunciará la próxima semana.
Al término de tres días de declaración en sesiones de mañana y tarde, la última cerrada a las 2.30 horas de la madrugada, la juez decretó prisión sin fianza para Guerrero, lo que justificó por su riesgo de fuga al haber perdido ahora su «arraigo social y laboral» y porque «podría estar recibiendo presiones externas» para eludir ahora la acción de la Justicia y así evitar que se conozcan hechos «que no haya desvelado todavía».